La Secretaría de Gobernación expresó su preocupación por la posibilidad de que ocho militares acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sean puestos en libertad condicional, advirtiendo que existe un riesgo de que puedan incluso huir del país.

La dependencia solicitó al Poder Judicial que garantice el estado de derecho y los derechos humanos de las víctimas, sancionando a los responsables para evitar enviar un mensaje de impunidad e injusticia a la sociedad.

Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación dio a conocer un oficio dirigido a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, detallando la importancia y trascendencia del caso.

Te puede interesar: AMLO fija postura en desacuerdo con Encinas

La secretaria Luisa María Alcalde señaló en el documento que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México determinó que era fundado el agravio aducido por los ocho militares inculpados.

Los magistrados, por su parte, determinaron modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia, a fin de emitir una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa contra los acusados.

En la misiva, la funcionaria advirtió sobre el alto riesgo de sustracción de la justicia al modificar la prisión preventiva, señalando la posibilidad de que los acusados se vuelvan ilocalizables o huyan del país.

Asimismo, expresó la importancia y trascendencia del caso para el Estado debido a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas.