En un local discreto al norte de Morelia, entre tiendas de conveniencia y talleres mecánicos, un anuncio anuncia: “Chalecos antibalas certificados, venta al público en general”.

Al entrar, no hay armas a la vista, pero sí estantes con mochilas blindadas, gas pimienta de alto alcance, placas balísticas nivel III y kits de “primer contacto” pensados para enfrentamientos.

El negocio no es clandestino, ni siquiera marginal. Es parte de una industria que crece con rapidez en la capital michoacana: la del blindaje civil, una respuesta silenciosa pero alarmante ante la normalización de la violencia urbana.

Un mercado que se legitima con el miedo

Morelia, otrora considerada una ciudad segura en el contexto estatal, hoy enfrenta una ola sostenida de homicidios, persecuciones y atentados. Las noticias de asesinatos cometidos a plena luz, incluso en zonas comerciales, han generado una percepción de inseguridad que rebasa las cifras oficiales.

En ese clima, el blindaje personal se ha convertido en un producto de consumo. Lo que antes era exclusivo de políticos, empresarios o escoltas, hoy se ofrece al ciudadano común.

Mochilas para niños con placas antibalas, camisetas con kevlar, gas lacrimógeno en presentaciones “discretas”, y cursos exprés de respuesta táctica son parte de un catálogo en expansión.

Un distribuidor local explica: “Ya no nos compra solo el que vive en la zona alta. Vienen empleados de tiendas, mamás que llevan a sus hijos a la escuela, repartidores en moto. Quieren sentirse protegidos, aunque sea psicológicamente”.

El vacío legal

La legislación mexicana permite la venta de ciertos equipos de protección siempre y cuando no se trate de armas letales ni se usen emblemas oficiales. Sin embargo, no existe un marco claro para regular quién puede comprar, portar o usar estos productos. En Michoacán, no hay un padrón estatal de compradores ni una regulación específica sobre el uso civil de placas balísticas.

Eso ha permitido que empresas sin certificación real vendan productos como si fueran de uso profesional, y que muchos adquieran equipos sin saber su nivel de resistencia, caducidad o forma legal de transporte. Incluso hay casos documentados de personas detenidas por portar gas pimienta “modificado”, aunque lo hayan comprado en línea o en tiendas físicas.

Entre defensa y resignación

El perfil del consumidor de blindaje en Morelia está cambiando. No se trata de alguien que espera entrar en combate, sino de ciudadanos comunes que ya no confían en la capacidad del Estado para garantizar su seguridad.

“Es como un cinturón de seguridad”, dice una joven que compró un chaleco liviano tras ser asaltada dos veces. “No lo quiero usar, pero sé que lo necesito”.

El fenómeno también ha llegado a las escuelas. Padres de familia preocupados por tiroteos o asaltos han comenzado a comprar mochilas con protección balística para sus hijos, un producto que se importa desde Estados Unidos o se ensambla en talleres locales sin regulación.

¿Autoprotección o fracaso institucional?

Para expertos en seguridad, este auge no es un síntoma de responsabilidad ciudadana, sino una señal del deterioro del pacto social. Cuando la población recurre de manera masiva a productos tácticos, no lo hace por estrategia, sino por desesperanza.

“El blindaje civil es, en el fondo, una privatización de la defensa personal. Un intento individual por sobrevivir ante un Estado que no logra contener la violencia”, advierte un analista consultado por Evangelio.

Morelia, como muchas ciudades mexicanas, parece haber cruzado un umbral silencioso: aquel donde el miedo se vuelve mercado y la autoprotección, una nueva forma de rutina. Lo que era excepción se vuelve normal. Y en esa normalidad, el verdadero peligro no está solo en las balas, sino en el hecho de que hayamos aprendido a vivir con ellas.