La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) informó que los bloqueos en carreteras de diversas regiones del país, que se prolongaron por más de 72 horas, generaron pérdidas superiores a los 2,300 millones de pesos, afectando la operación de empresas, la distribución de insumos y el abastecimiento de productos esenciales.

En un comunicado, el organismo reconoció el acuerdo alcanzado entre el Gobierno federal y los productores agrícolas, que permitió la liberación gradual de vías en algunos estados. Sin embargo, advirtió que los cierres carreteros “no pueden convertirse en el precio del diálogo” y pidió responsabilidad para evitar nuevas afectaciones.

Tras negociaciones entre legisladores federales y productores del Bajío, se estableció un subsidio de 950 pesos por tonelada de maíz y se permitió que los agricultores negocien con los acopiadores el precio de libre mercado, actualmente cercano a 6,000 pesos por tonelada.

Canacintra destacó que la interrupción en corredores estratégicos del Bajío, Occidente y Altiplano provocó retrasos en el transporte, cancelaciones de entregas, costos adicionales de almacenaje y desabasto temporal de insumos industriales y alimentos, impactando directamente en los precios finales de productos esenciales y en la operación de micro y pequeñas empresas que dependen de suministros diarios.

El organismo reafirmó su respaldo al diálogo institucional, pero subrayó que “ninguna demanda legítima puede expresarse mediante acciones que paralicen la movilidad nacional o pongan en riesgo la seguridad de la población y las cadenas productivas”. Además, señaló que estas medidas incrementan los costos logísticos y afectan la confianza en el entorno productivo mexicano.

Canacintra recordó que representa sectores estratégicos como el agroindustrial, vinculando al campo con la industria manufacturera y exportadora, y destacó que “la estabilidad del campo es condición indispensable para la estabilidad de la industria”.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer mecanismos de coordinación temprana entre Gobierno, productores y sector industrial para anticipar conflictos y proteger la movilidad de bienes, insumos y personas, reiterando su disposición al diálogo “constructivo y responsable” y enfatizando que la estabilidad es clave para la producción, la inversión y el crecimiento económico.