El gobierno de Brasil anunció el inicio inmediato de los trámites para aplicar la Ley de Reciprocidad Económica en respuesta al arancel adicional del 25 por ciento impuesto por Estados Unidos a una parte de las importaciones brasileñas. La medida entrará en vigor el 22 de julio y profundiza las tensiones comerciales entre ambos países.

La administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la decisión estadounidense al señalar que no existe justificación para adoptar medidas unilaterales contra Brasil. El gobierno brasileño sostuvo que, durante los últimos 15 años, Estados Unidos ha mantenido un superávit comercial acumulado superior a los 424 mil millones de dólares en su relación con el país sudamericano.

Como parte de su respuesta, Brasil informó que recurrirá a los mecanismos previstos en su legislación para adoptar medidas recíprocas y volverá a plantear el caso ante el sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio.

Washington justificó los nuevos aranceles tras una investigación iniciada hace un año sobre diversas políticas brasileñas que, a su juicio, restringen el comercio estadounidense. Entre los temas señalados se encuentran el sistema de pagos electrónicos PIX, las políticas anticorrupción, las normas sobre propiedad intelectual, el acceso al mercado del etanol y acciones relacionadas con la deforestación ilegal.

El gobierno brasileño destacó que el 76 por ciento de las importaciones procedentes de Estados Unidos ingresaron al país libres de aranceles durante 2025 y que el gravamen promedio aplicado a los productos estadounidenses fue de apenas 3.1 por ciento. Asimismo, aseguró que mantuvo abiertas las negociaciones comerciales durante el último año y presentó información para responder a las acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses.

En el ámbito político, el Ejecutivo responsabilizó a la familia del expresidente Jair Bolsonaro del deterioro en las relaciones comerciales con Estados Unidos y sostuvo que las acciones emprendidas responden a intereses electorales de cara a las elecciones presidenciales previstas para octubre.