El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó un informe elaborado por juristas internacionales que advierte la posible comisión de crímenes de lesa humanidad durante la aplicación del régimen de excepción que se mantiene vigente en el país desde marzo de 2022.

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario cuestionó a organizaciones de derechos humanos y a diversos medios internacionales que han dado cobertura al documento, entre ellos The Guardian, France 24 y El País. Según Bukele, dichas agrupaciones estarían presionando para que el Estado salvadoreño libere a todas las personas detenidas durante la estrategia de seguridad.

“Estas organizaciones de ‘defensa de los derechos humanos’ están exigiendo que el Estado libere al 100% de los pandilleros capturados desde el inicio del régimen de excepción”, afirmó el presidente en su publicación.

Bukele también señaló que el informe sostiene que más de 89 mil personas habrían sido capturadas de manera arbitraria, lo que, a su juicio, implicaría que se pretende obligar al país a liberar a todos los detenidos, incluso a integrantes de pandillas.

El documento fue presentado el 10 de marzo durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Ciudad de Guatemala y fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).

De acuerdo con el informe, existen “bases razonables” para considerar que en el marco del régimen de excepción podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Asimismo, el reporte sostiene que los casos documentados apuntan a la existencia de una política de actuación policial y militar conocida por altos mandos del gobierno salvadoreño.

No obstante, el documento no plantea liberar a todos los detenidos, sino establecer mecanismos excepcionales para revisar casos y liberar a miles de personas arrestadas sin pruebas suficientes, garantizando que quienes recuperen su libertad no representen un riesgo para la seguridad pública.

El régimen de excepción fue implementado a finales de marzo de 2022 tras una ola de violencia atribuida a pandillas que dejó más de 80 personas asesinadas en un solo fin de semana. La medida ha sido ampliamente respaldada por la población y fue uno de los factores que impulsó la reelección de Bukele.

Sin embargo, organizaciones civiles han denunciado más de 6 mil 400 presuntas violaciones a derechos humanos durante su aplicación, además de cerca de 500 muertes de personas detenidas bajo esta estrategia de seguridad.