Madres buscadoras iniciaron un proceso judicial contra la Fiscalía General de la República (FGR) y las 32 fiscalías estatales por presuntamente incumplir su obligación de garantizar el funcionamiento adecuado del Banco Nacional de Datos Forenses, una herramienta destinada a facilitar la identificación de personas desaparecidas y restos humanos.

El recurso fue promovido por Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, con el acompañamiento de la organización Defensorxs, mediante una demanda de amparo que señala a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y a los titulares de las fiscalías de las entidades federativas.

Las demandantes sostienen que las instituciones no han garantizado la interconexión en tiempo real de sus bases de datos, pese a que el sistema fue concebido para concentrar y comparar información forense de todo el país.

De acuerdo con los argumentos presentados en la demanda, esta omisión obliga a las autoridades a realizar cruces de información mediante procedimientos manuales y el envío de oficios entre fiscalías, lo que retrasa los procesos de identificación.

Las buscadoras advierten que esta situación puede prolongar la espera de las familias, incluso cuando los restos de una persona desaparecida ya fueron localizados y permanecen bajo resguardo de las instituciones forenses.

El Banco Nacional de Datos Forenses fue establecido para facilitar el intercambio de información entre las fiscalías y contribuir a la identificación de personas desaparecidas. En diciembre de 2022 se firmaron las bases de colaboración para habilitar los mecanismos tecnológicos de interconexión, mientras que en mayo de 2023 se publicó el aviso de inicio de operaciones.

Sin embargo, las promoventes consideran que el sistema no funciona de manera integral y que las autoridades responsables no han cumplido con las obligaciones necesarias para garantizar su operación coordinada.

Por ello, solicitaron la intervención de la justicia federal para que se ordene a las instituciones involucradas asegurar la conexión efectiva y en tiempo real de sus registros.

El reclamo también busca que la búsqueda de personas y la identificación de cuerpos no dependan de trámites burocráticos que dificultan el intercambio oportuno de información entre entidades.

Las promoventes argumentan que las omisiones señaladas afectan los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares, quienes tienen derecho a una búsqueda efectiva y a obtener respuestas de las autoridades.

El caso se suma a las exigencias de colectivos de búsqueda que reclaman investigaciones eficaces, coordinación institucional y avances concretos en la localización de sus familiares.

La resolución que emita el órgano judicial podría determinar las obligaciones que deberán cumplir las autoridades para garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses y mejorar el intercambio de información en el país.