En México se analiza una iniciativa legislativa que busca sancionar el rastreo ilegal de personas mediante el uso de tecnologías digitales, con penas que podrían alcanzar hasta cuatro años de prisión. La propuesta forma parte de un conjunto de reformas para tipificar nuevas conductas relacionadas con delitos digitales y fortalecer la protección de la privacidad de los ciudadanos.

La iniciativa plantea establecer sanciones para quienes utilicen herramientas tecnológicas para localizar, vigilar o rastrear la ubicación de una persona sin su consentimiento. Actualmente, el marco legal no contempla de manera específica este tipo de conductas, lo que ha generado vacíos jurídicos que dificultan su investigación y sanción.

De acuerdo con la propuesta legislativa presentada por la diputada Dayanne Cruz Hernández, el rastreo de una persona sin autorización podría castigarse con penas de uno a dos años de prisión. En casos relacionados con usurpación de identidad o espionaje digital, las sanciones podrían aumentar de dos a cuatro años de cárcel.

La iniciativa también contempla sanciones para otras conductas vinculadas con la vigilancia digital. Entre ellas se encuentra el acceso indebido a dispositivos electrónicos, cuentas o plataformas digitales de otra persona sin autorización, lo que se consideraría espionaje digital dentro del nuevo esquema de delitos.

Se propone tipificar el asedio digital, entendido como actos de seguimiento, hostigamiento, persecución o intimidación realizados mediante herramientas tecnológicas. En estos casos las penas podrían ir de seis meses a dos años de prisión, dependiendo de la gravedad de la conducta.

La iniciativa pertenece a un conjunto de propuestas legislativas orientadas a actualizar los códigos penales frente a nuevas formas de violencia digital y uso indebido de tecnologías de la información, con el objetivo de brindar mayor protección a la privacidad y seguridad de las personas en entornos digitales.