Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y más de 30 organizaciones promueven una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere o no una reforma judicial que contempla la votación de jueces y magistrados en junio del 2025 y 2027, según información de El Universal.

La pregunta sería: ¿Está usted de acuerdo en que la designación de las y los juzgadores sea por votación popular directa e insaculación (tómbola) o mediante la designación por carrera judicial, considerando los conocimientos, méritos y trayectoria?

En entrevista para El Universal, Marisol Rivas Contreras, fundadora de Contrapeso Ciudadano, señaló que el propósito es juntar dos millones de firmas, que es 2 % de la lista nominal, para presentarlas ante el Congreso de la Unión y los legisladores lo manden al Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar el número de firmas.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia el análisis, entonces el INE debe hacer la convocatoria, poner las urnas y la gente acude a votar para decidir.

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La recaudación de firmas se hará por medio de módulos móviles en puntos estratégicos en las ciudades, además de la aplicación Apoyo Ciudadano-INE para dispositivos móviles y tabletas.

“Queremos que la ciudadanía decida si los jueces deben estar preparados y con carrera judicial, la consulta popular es vinculante para el Ejecutivo y Legislativo si acuden a votar por lo menos 40 % de la ciudadanía”, señala Rivas Contreras.

Y abunda que, en caso de que la consulta sea favorable, el Congreso de la Unión y los locales estarían obligados a hacer una nueva reforma a la Constitución.

Rivas Contreras detalló que presentaron un escrito a la Corte manifestando que solicitaron la consulta popular y la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, respondió mediante un acuerdo, que la facultad de pronunciarse sobre la trascendencia es de ella y que una vez que recopilen las firmas, van a pronunciarse.