Cabeza de Vaca niega vínculos con los hermanos Carmona y acusa una campaña política
evangelio | 15 septiembre, 2026

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, negó haber mantenido relaciones personales, políticas o económicas con Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, y con su hermano Julio César Carmona. El panista aseguró que las acusaciones en su contra son falsas y atribuyó los señalamientos a una estrategia política impulsada por el actual gobierno estatal.

La respuesta se produjo luego de que Gloria de Jesús Molina Gamboa, quien fue secretaria de Salud durante su administración, afirmara que recibió instrucciones para adjudicar contratos de obra y servicios a empresas vinculadas con los hermanos Carmona. La exfuncionaria pidió investigar toda la cadena de mando y señaló directamente al entonces gobernador.

Cabeza de Vaca sostuvo que nunca recibió dinero, financiamiento, apoyos o compromisos de los empresarios y afirmó que tampoco existen fotografías, bitácoras de vuelos, vehículos, negocios u otras evidencias que acrediten una relación con ellos. También acusó al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, de estar detrás de una campaña para desprestigiarlo.

El exmandatario reconoció que empresas relacionadas con Carmona obtuvieron contratos durante su gobierno, pero sostuvo que esto no demuestra una relación personal con el empresario. Además, afirmó que cuando tuvo conocimiento de vínculos entre funcionarios de su administración y los hermanos Carmona tomó medidas contra uno de ellos.

La controversia está relacionada con contratos otorgados entre 2017 y 2018 a las empresas Permart y Joser. La Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó denuncias por posibles irregularidades que representarían un monto cercano a 343.9 millones de pesos, correspondientes a recursos estatales y federales.

Molina Gamboa sostiene que las decisiones fueron tomadas desde niveles superiores de la administración, mientras Cabeza de Vaca rechaza esa versión y afirma que cualquier acusación debe ser respaldada con pruebas. Las investigaciones determinarán las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.

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