En la región limonera de Tierra Caliente el cierre de año se vive con preocupación. Durante los primeros días de diciembre el kilogramo de limón se pagó en torno a los seis pesos con cincuenta centavos, una cifra muy por debajo del punto de equilibrio que los productores calculan en al menos diez pesos por kilo. La diferencia no es solo contable, significa cosechar sabiendo que cada corte deja pérdidas.

La crisis no empezó en diciembre. Desde hace cinco meses el precio del limón mantiene una trayectoria descendente, mientras el costo de los insumos se mueve en sentido contrario. Fertilizantes más caros, fletes más costosos, mano de obra presionada por la inflación. El resultado es un sector que trabaja con márgenes negativos y que advierte que este podría ser uno de los peores cierres de año en décadas.

La situación se agravó tras el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido hace alrededor de mes y medio. Bravo era una figura clave en la organización interna del tianguis, mediaba en las decisiones de corte, regulaba los flujos de venta y funcionaba como puente entre productores y autoridades. Su ausencia dejó un vacío en la coordinación que no ha sido llenado y que se traduce en mayor desorden comercial.

Sin una figura de referencia, con precios por debajo de los costos y bajo el peso de viejas presiones que han marcado a la región, muchos productores comienzan a tomar decisiones drásticas. Algunos analizan reducir superficie de cultivo, otros aplazan inversiones en mantenimiento de huerta y cada vez es más frecuente escuchar la posibilidad de migrar a otros cultivos menos expuestos a la volatilidad.

Lo que hoy se observa en el mercado del limón no es solo un mal momento. Es la combinación de un precio desplomado, una estructura de costos asfixiante y una región que enfrenta al mismo tiempo problemas de seguridad y de gobernanza comercial.