California prohíbe a policías usar guantes que dan descargas eléctricas
evangelio | 29 septiembre, 2026

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que prohíbe a los agentes de corporaciones locales, estatales y federales utilizar guantes capaces de emitir descargas eléctricas para someter a personas.

La medida entrará en vigor en 2027 y permanecerá vigente hasta 2030. Además, obliga al Departamento de Justicia de California a realizar un estudio sobre la seguridad de estos dispositivos y entregar un informe a los legisladores en 2029.

La prohibición ocurre después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) adjudicara un contrato cercano a 17 millones de dólares para adquirir 6 mil guantesdestinados a sus agentes. Los dispositivos están diseñados para aplicar una descarga eléctrica cuando entran en contacto con una persona.

La legislación forma parte de un paquete de medidas aprobadas en California relacionadas con la supervisión de las operaciones federales de inmigración. Entre ellas también se incluyen nuevas disposiciones sobre centros privados de detención, uso de instalaciones estatales y transparencia de las operaciones de agentes federales.

La medida también enfrenta cuestionamientos sobre el alcance de la autoridad estatal frente a los agentes federales. Un profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, Kevin Johnson, señaló que los tribunales podrían determinar que California no tiene facultades para impedir que agentes federales utilicen determinado equipo, debido a la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense.

Organizaciones policiales de California también se opusieron a la prohibición. El jefe de la Policía de Sacramento, Jim Cooper, argumentó que los guantes forman parte de las herramientas consideradas no letales para controlar a personas que representan resistencia.

Con la firma de la ley, California se convierte en el primer estado en establecer una prohibición de este tipo, mientras queda pendiente determinar cómo será aplicada frente a las operaciones de las agencias federales de inmigración.

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