Más de tres mil 400 personas participan en la actual campaña electoral en México para ocupar cargos dentro del Poder Judicial, en un proceso que ha generado inquietud debido a la postulación de candidatos con antecedentes judiciales y presuntos vínculos con el crimen organizado.

Diversas organizaciones civiles y medios señalaron nombres de aspirantes que despiertan preocupación por su historial penal y profesional.

Entre los casos más controversiales destaca el de Fernando Escamilla Villarreal, abogado de conocidos líderes del cártel de Los Zetas, como Miguel Ángel Treviño Morales, “Z40”, y Eleazar Medina Rojas, “El Chelelo”. Escamilla, condenado por portación ilegal de armas en 2016, busca ahora convertirse en juez de distrito del cuarto circuito.

Otro aspirante, Jesús Humberto Padilla Briones, fue detenido en 2023 por narcomenudeo y portación ilegal de armas, y también postula al mismo circuito judicial.

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La lista incluye a figuras como Andrés Montoya García, vinculado con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005, y Francisco Herrera Franco, exfiscal de Michoacán, acusado de nexos con el crimen organizado y del supuesto involucramiento en el asesinato de dos periodistas.

A pesar de haber sido destituido por filtraciones que lo comprometen, Herrera figura en la boleta electoral para un cargo federal.

La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) advirtió sobre los peligros de que el crimen organizado influya en la selección de jueces, comprometiendo la imparcialidad del sistema judicial.

Por su parte, la organización Defensorxs ha documentado más de 20 casos adicionales de aspirantes con antecedentes de abuso, corrupción, homicidio culposo y otros delitos graves.

La presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a afirmar que el asunto está en manos del INE, aunque reconoció no haber revisado los antecedentes mencionados.