A menos de una semana del inicio de las campañas para cargos del Poder Judicial, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, advirtió a los más de tres mil 400 candidatos que podrían perder su registro si no se apegan estrictamente a las restricciones establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y ajustadas por el propio tribunal.

Soto enfatizó que las reglas electorales, aunque reconoció que son “más acotadas” para esta elección, deben ser cumplidas a cabalidad en cuanto al uso de recursos y propaganda permitida.

“Deben atenerse solamente a lo que está permitido”, subrayó.

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En un encuentro con periodistas, la magistrada garantizó que las impugnaciones que se presenten durante y después de la jornada electoral del 1 de junio serán resueltas de manera imparcial, “con la misma vara” que en comicios anteriores.

Aunque no precisó un calendario electoral judicial, aseguró que todas las inconformidades se resolverán antes del 31 de agosto, un día antes de la toma de protesta de los próximos funcionarios judiciales.

Sobre la posible valoración de esas restricciones al término del proceso, Soto se reservó opiniones, argumentando que es un modelo “ad hoc” a la “particularidad” de esta elección judicial, que involucra a juzgadores y limita el uso de recursos públicos.

Señaló que la ley es general y aplicable universalmente a todos los candidatos, sin importar el cargo al que aspiran.

Finalmente, la magistrada evitó pronunciarse sobre el ofrecimiento de la Iglesia Católica de usar sus plataformas para promocionar candidaturas, aduciendo la posibilidad de futuras impugnaciones al respecto.