En un momento clave para la credibilidad del sistema judicial en Michoacán, el tribunal federal volvió a cerrar la puerta. Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas durante el gobierno de Silvano Aureoles, no enfrentará su proceso en libertad. El juez Arturo Medel Casquera rechazó por tercera ocasión la solicitud de modificar las medidas cautelares que lo mantienen en prisión preventiva desde marzo. La decisión representa un mensaje claro: no todo acusado con poder político o conexiones logra escapar por la vía de los tecnicismos.

La defensa buscaba que Maldonado pudiera seguir su juicio fuera del Reclusorio Oriente, pero el tribunal fue categórico: los delitos que se le imputan, peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta, son de tal gravedad y complejidad que justifican mantenerlo en prisión. La Fiscalía General de la República advirtió sobre el riesgo de fuga y la posibilidad de que el imputado obstruya la investigación, dada la red de exfuncionarios implicados y el volumen de recursos desviados, estimados en más de 3 mil millones de pesos.

La resolución subraya que ya existían antecedentes: el 1 de marzo y nuevamente en abril, tanto una jueza de control como un tribunal de amparo negaron la libertad. La audiencia de este viernes, convocada tras una nueva solicitud de la defensa, fue terminante: las condiciones no han cambiado, y la prisión preventiva sigue siendo proporcional y necesaria.

El fallo, lejos de ser un simple trámite legal, fue interpretado como una señal de firmeza. “La sociedad michoacana espera justicia, no puertas giratorias”, declaró el contralor estatal Francisco Ramírez Flores, quien había advertido días antes sobre la posibilidad de que el juez Medel, con antecedentes de liberar a figuras vinculadas al crimen organizado, concediera el beneficio.

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El caso Maldonado ha sido calificado como uno de los desfalcos más graves de la última década en Michoacán. Bajo su gestión como secretario de Finanzas, se habrían triangulado fondos destinados a cuarteles policiales a través de empresas fachada. Muchas de esas obras ni siquiera se iniciaron. Maldonado fue detenido en marzo junto con otros tres exfuncionarios del gobierno anterior, en lo que la Fiscalía llamó “una red estructurada de saqueo institucional”.

Aunque la defensa aún puede recurrir el fallo, el panorama legal no le es favorable. La FGR anunció que se alista para presentar nuevos peritajes financieros y ampliar las acusaciones contra otros implicados.

Por ahora, Carlos Maldonado sigue donde empezó: en prisión. Y, con él, el mensaje de que el desvío de recursos públicos no puede seguir siendo un delito con salida rápida.