El alcalde Carlos Manzo volvió a colocar a su municipio en el centro del debate nacional al solicitar al gobierno de Michoacán que autorice la dotación de metralletas FN-Minimi, armas de uso exclusivo del Ejército, para los elementos de la Policía Municipal. Su argumento fue directo: “los delincuentes están mejor armados que nuestras corporaciones”.

La solicitud, presentada formalmente ante la Secretaría de Seguridad Pública estatal, incluye también requerimientos de cartuchos, equipo táctico y refuerzos operativos. Manzo sostuvo que los agentes municipales enfrentan grupos con fusiles automáticos y armamento de guerra, lo que, según dijo, “vuelve insuficiente cualquier patrulla, cualquier chaleco y cualquier protocolo”.

El llamado no pasó inadvertido. Las FN-Minimi son ametralladoras ligeras con capacidad para disparar hasta mil proyectiles por minuto y con un alcance de 800 metros, fabricadas para uso militar y fuera del catálogo permitido para policías civiles. Cualquier autorización requeriría intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que hace su uso prácticamente inviable en cuerpos municipales.

Una solicitud que refleja la tensión del territorio

La declaración del alcalde no se entiende en el vacío. Uruapan, que ha figurado en índices internacionales como una de las ciudades más violentas del mundo, vive un repunte sostenido de ataques armados, decomisos de arsenal y presencia de grupos delictivos que controlan comunidades completas. En los últimos meses, las autoridades locales han denunciado la aparición de convoyes con fusiles Barrett, drones explosivos y tácticas paramilitares.

Manzo ha insistido en que su gobierno opera “en condiciones de asimetría total”. En septiembre, pidió directamente apoyo al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, advirtiendo que la Policía Municipal carece de poder de respuesta ante grupos criminales con armamento de alto calibre. “No quiero ser parte de la lista de los ejecutados”, dijo entonces, en una frase que resumió el clima de vulnerabilidad institucional que enfrenta la región.

Debate sobre los límites del poder local

La propuesta de armar a la policía con material de guerra reabrió el debate sobre la militarización de los municipios y la línea cada vez más delgada entre seguridad pública y estrategia de combate. Especialistas en derecho militar y seguridad advierten que dotar a policías locales de armamento táctico no solo rompe con la ley, sino que podría aumentar el riesgo de desvío, corrupción o pérdida de control sobre las armas.

Aun así, para muchos en Uruapan, la solicitud refleja una desesperación legítima más que una postura política. En una ciudad donde los ataques a agentes y los enfrentamientos son parte del paisaje cotidiano, la diferencia entre lo legal y lo necesario se ha vuelto difusa.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán no ha respondido formalmente a la petición. El tema, sin embargo, ya trascendió los límites del municipio: en los hechos, el reclamo de Uruapan vuelve a exponer la contradicción que atraviesa a buena parte del país, una policía civil frente a un enemigo armado como ejército, y un Estado que, entre la legalidad y la supervivencia, aún no define hasta dónde puede disparar.