Al cierre de 2024, el 36.3 % de las 236 mil 773 personas privadas de la libertad en México no contaban con una sentencia, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios 2025.

Aunque esta proporción disminuyó respecto a 2023, cuando fue de 37.2 %, sigue siendo un dato preocupante por el impacto que tiene en los derechos humanos y el acceso a la justicia.

De las 85 mil 547 personas sin sentencia, el 47 % enfrentaba prisión preventiva oficiosa, mientras que 38 por ciento estaba en prisión preventiva justificada; el resto tenía otros estatus o no se identificó su situación jurídica.

Destacan casos como el Estado de México y Michoacán, donde el 100 % de las personas sin sentencia estaban en prisión preventiva oficiosa.

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El tiempo de espera para obtener una sentencia también refleja un sistema penal saturado: al menos 25.6 % de las mujeres y 22.3 % de los hombres llevaban dos años o más esperando su resolución. Esta situación genera detenciones prolongadas que dificultan una defensa adecuada y vulneran derechos fundamentales.

En 2024 ingresaron 140 mil 510 personas a los centros penitenciarios del país, lo que representa una disminución de 4.9 % frente a 2023, aunque sigue siendo la segunda cifra más alta desde 2017.

La mayor carga penitenciaria se concentró en el Estado de México y la Ciudad de México. En cuanto a los delitos, el robo fue el más frecuente entre mujeres (25.6 %) y hombres (27.2 %), seguido por los delitos contra la salud relacionados con narcomenudeo. Las tasas de reclusión más altas se registraron en Sonora y Baja California.