El conflicto salarial dentro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (Cecytem) escaló esta semana después de que mil seiscientos trabajadores exigieran el pago del incremento que debió reflejarse desde meses atrás.

La demanda, que había permanecido en llamados internos, tomó fuerza pública ante la falta de una respuesta clara por parte de las autoridades educativas.

El personal afectado, docentes, administrativos y personal de apoyo, sostiene que el atraso no solo impacta directamente su economía, sino que además envía una señal preocupante sobre el manejo presupuestal del subsistema.

En un contexto de inflación acumulada y aumento de precios en servicios básicos, el retraso ha generado descontento, especialmente entre planteles ubicados en zonas rurales donde los salarios suelen funcionar como motor comunitario.

La dirigencia laboral advirtió que la paciencia comienza a agotarse. Aunque no han anunciado un paro formal, sí señalaron que evaluarán nuevas medidas si el pago no se concreta pronto.

Para los trabajadores, el incumplimiento no es un asunto administrativo menor, sino un síntoma del rezago y la desigualdad que arrastra el sector educativo en el estado.

El conflicto llega en un momento particularmente sensible. Michoacán enfrenta presiones simultáneas: ajustes presupuestales, revisiones internas, reacomodos en áreas administrativas y demandas acumuladas en otros subsistemas.

En ese contexto, cualquier tensión adicional en el Cecytem corre el riesgo de afectar el calendario escolar, los procesos académicos y la operación cotidiana de planteles en al menos 50 municipios.

La autoridad estatal ha señalado que trabaja en una ruta de regularización, aunque no ha precisado fechas ni mecanismos concretos para resolver el adeudo.

Mientras tanto, el reclamo de los trabajadores se mantiene en el centro de la discusión educativa del estado, no solo por la cifra, mil seiscientas familias a la espera de un aumento ya aprobado, sino por lo que revela: la fragilidad financiera de un sistema que sostiene la educación técnica en gran parte del territorio michoacano.

El desenlace dependerá de la capacidad institucional para responder con rapidez y de la disposición del subsistema para evitar que un conflicto salarial se convierta en una crisis operativa más amplia.