La Comisión Económica para América Latina y el Caribe encendió nuevamente las alertas sobre una de las crisis más persistentes en la región: la violencia feminicida. Su más reciente informe reporta que 3,828 mujeres fueron asesinadas por razones de género en 2023, lo que significa que cada día, en promedio, 11 mujeres fueron víctimas de feminicidio o muerte violenta por razones de género.

Este número no representa un repunte abrupto, pero confirma que el fenómeno se mantiene estable y grave. La CEPAL acumula, en cinco años, un registro de 19,254 feminicidios en la región, en un contexto en el que varios países enfrentan dificultades para homologar criterios de clasificación, recolección de datos y notificación oficial.

El Observatorio de Igualdad de Género subraya que las cifras suelen estar subestimadas debido a la falta de reporte en tiempo real, al retraso en dictámenes periciales y a la clasificación errónea de homicidios de mujeres que posteriormente podrían tipificarse como feminicidios.

En países como Honduras, El Salvador, México o República Dominicana, las tasas más altas se ubican en territorios donde persisten estructuras criminales, ausencia de políticas de prevención y sistemas de justicia saturados. México, en particular, ha sido uno de los países con mayor presión internacional para mejorar sus sistemas de registro.

La CEPAL advierte que estos crímenes tienen efectos de largo plazo: impactan a familias enteras, generan ciclos de desplazamiento, rompen redes comunitarias y profundizan desigualdades en educación, ingresos y acceso a derechos. La violencia contra mujeres y niñas se ha convertido en un factor que condiciona la movilidad, la vida cotidiana y hasta la participación económica.

El organismo plantea que el desafío principal no es solo reducir cifras, sino fortalecer sistemas integrados de prevención: fiscalías especializadas, líneas de ayuda, refugios, unidades de seguimiento y políticas que atiendan causas estructurales como pobreza, desigualdad y control territorial por grupos criminales.

Los datos divulgados buscan mantener la atención sobre una problemática que permanece constante y que, según la CEPAL, seguirá sin cambios significativos mientras los estados no consoliden registros confiables y estrategias regionales coordinadas.