Carlos Mora Navarro, de 65 años, es mucho más que un paciente olvidado por el sistema. Es uno de los pilares históricos en la defensa de los bosques michoacanos.

Originario de Uruapan, Mora dedicó más de medio siglo al combate de incendios forestales, primero como voluntario y luego como parte de las brigadas oficiales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), donde trabajó por más de 40 años.

Durante su carrera, lideró decenas de operativos contra el fuego en la región de la Meseta Purépecha, muchas veces arriesgando su vida sin contar con equipo adecuado o seguro médico suficiente.

Fue maestro de brigadistas, formador de generaciones de combatientes, y testigo de cómo el fuego no solo consume árboles, sino también la salud y la vida de quienes lo enfrentan. Su compromiso le valió el reconocimiento entre sus compañeros, pero nunca se tradujo en una protección efectiva por parte del Estado.

Desde 1990, Mora comenzó a experimentar complicaciones cardíacas. A la fecha ha sido intervenido en múltiples ocasiones: ha recibido cinco marcapasos y ha sobrevivido a dos cirugías a corazón abierto.

En 2021, un diagnóstico de endocarditis reveló una infección grave, provocada por restos de cables de marcapasos que no fueron retirados adecuadamente en una operación anterior. Desde entonces, su estado de salud ha sido precario.

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Lo más grave, sin embargo, comenzó en abril de 2024, cuando el ISSSTE en Morelia suspendió toda atención médica para él.

Citas canceladas, tratamientos postergados, médicos que ignoran su historial clínico y un expediente que ha quedado empolvado en un sistema que parece castigar la vejez y la pobreza.

Mora interpuso una queja desde 2020. Fue transferido a Morelia con la promesa de mejor atención. Sin embargo, el único médico que le habló con claridad fue despedido. Desde entonces, su salud se ha deteriorado a pasos agigantados. Apenas puede caminar, le falta el aliento, y duerme sentado para evitar el dolor en el pecho. Su esposa, también enferma, lo cuida como puede. Viven en condiciones precarias, sin recursos para pagar consultas privadas ni medicamentos especializados.

La historia de Mora no es un caso aislado. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Forestal, al menos 3 de cada 10 brigadistas forestales en activo no cuentan con seguro médico permanente. La precariedad laboral de estos trabajadores esenciales contrasta con el riesgo que enfrentan cada temporada de incendios.

Solo en mayo de 2025, más de 400 brigadistas combatieron las llamas que amenazaban la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, una de las joyas ecológicas del estado. Son ellos quienes enfrentan el fuego, muchas veces sin protección legal ni respaldo institucional cuando su cuerpo ya no resiste más.

Carlos Mora, sentado en su hogar de Uruapan, no pide homenajes. Solo exige honestidad y dignidad. Quiere que el Estado lo escuche, que le diga si aún tiene derecho a ser atendido. Y sobre todo, que no permita que otros, como él, mueran sin justicia después de haber dedicado su vida a proteger los bosques de Michoacán.

“Me estoy muriendo en la cama. Y ni eso parece importarles”, resume con voz quebrada.

Su historia, como la de muchos trabajadores invisibles, abre la pregunta urgente: ¿quién cuida de quienes nos cuidan del fuego?