El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que el sistema judicial se ha alejado significativamente de la sociedad, lo que ha contribuido al aumento de la impunidad, la falta de justicia y la pérdida de credibilidad y legitimidad en los tribunales y la Corte.
El proyecto presentado al Congreso en febrero busca realizar cambios en 16 artículos de la Constitución para reformar el sistema judicial del país en su totalidad.
- Reducción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):
Se propone reducir de 11 a nueve el número de ministros de la SCJN, con un periodo de servicio de 12 años, tres años menos que en la actualidad. Se eliminarán las dos salas existentes, pasando a operar mediante sesiones plenarias públicas, sin la opción de realizar sesiones secretas. Además, se requerirá de seis votos para aprobar sentencias.
En cuanto a los salarios, se establece que tanto los ministros de la Corte como los jueces no podrán recibir una remuneración mayor a la del Presidente de la República. Además, se eliminará la pensión vitalicia al concluir su encargo.
- Ministros, jueces, ¡todos a votar!
Se plantea la posibilidad de modificar el proceso de elección de los representantes del Poder Judicial, como ministros, magistrados y jueces de distrito, para que sean elegidos por los ciudadanos.
Las elecciones se llevarían a cabo cada tres años, coincidiendo con las elecciones federales. En caso de que la reforma sea aprobada en septiembre, la primera elección bajo el nuevo sistema se celebraría en 2025.
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- Creación de dos entes reguladores
Se propone transformar el actual Consejo de la Judicatura Federal en dos nuevos organismos: uno encargado de la gestión integral del sistema judicial, que incluiría la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y otro destinado al control disciplinario de los jueces. Ambos organismos supervisarían también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Plazos definidos para resolver disputas
Se plantea regular los tiempos en los que los tribunales judiciales deben resolver los casos presentados, estableciendo un máximo de seis meses para la resolución de controversias.
- Implementación del sistema a nivel nacional
La propuesta también dicta que los estados de la federación deberán modificar sus leyes locales para asegurar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como su elección directa y secreta por parte de los ciudadanos.
Además, se requerirá la creación de entidades independientes para la gestión y disciplina judicial. Los estados contarán con un plazo de 180 días a partir de la promulgación de la reforma para efectuar dichos cambios.
López Obrador asegura que la reforma “no debilita al Poder Judicial ni merma su autonomía e independencia, sino que la fortalece a través de la legitimidad emanada del poder popular, cerrando la brecha sistémica que se había creado entre dicho poder y la sociedad”.