En julio de 2024, Michoacán se convirtió en uno de los estados en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La reforma al Código Penal fue un parteaguas legal que se sumó a una ola de cambios similares en otras entidades del país. Pero a un año de distancia, la realidad en el estado revela un contraste inquietante: clínicas clandestinas continúan operando, y decenas de mujeres siguen recurriendo a redes informales para interrumpir su embarazo, aun cuando el camino legal ya existe.

Evitar el hospital, huir del juicio social, enfrentarse a la objeción de conciencia médica o simplemente desconocer sus derechos: las razones son múltiples. Pero el hecho es uno solo. En Michoacán, la despenalización no ha borrado el subregistro ni la clandestinidad. Solo la ha desplazado hacia los márgenes del discurso público.

Una red paralela

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Observatorio de Mortalidad Materna coinciden en que la opacidad institucional persiste en Michoacán: no se publican cifras oficiales sobre interrupciones legales del embarazo desde hace más de una década. El último dato disponible del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) señala que en 2009 se registraron 39,410 abortos en todo el país en mujeres de 15 a 44 años, pero desde entonces el subregistro ha dominado el panorama, especialmente en estados como Michoacán.

A pesar de la despenalización, colectivas locales acompañaron al menos 300 abortos durante 2024 en municipios como Morelia, Uruapan y Zamora, según datos recabados por la Red de Acompañantes “Verde Aquelarre”. De esos, más del 70 % se realizó fuera del sistema de salud pública.

El riesgo es evidente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 45 % de los abortos inducidos en países con marcos legales restrictivos o acceso limitado se consideran “inseguros”, y el 35 a 40 % de ellos derivan en complicaciones médicas graves, como infecciones, hemorragias o retención de tejido fetal. Estas cifras son consistentes con reportes del Observatorio de Mortalidad Materna en México, que advierte que la falta de acceso seguro es una de las causas indirectas de muerte materna en adolescentes.

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El sistema legal que no alcanza

Aunque el aborto ya es legal en Michoacán, eso no significa que sea accesible. Según un informe de GIRE publicado en 2023, la objeción de conciencia médica es uno de los principales obstáculos en entidades donde se ha despenalizado el aborto. En el estado, apenas una unidad pública, el Hospital de la Mujer en Morelia, brinda el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), además de tres clínicas del ISSSTE restringidas a derechohabientes.

La Secretaría de Salud de Michoacán no ha informado cuántos procedimientos se han realizado desde la reforma. Tampoco ha emitido campañas de información dirigidas a mujeres en edad reproductiva. Esta falta de difusión ha hecho que muchas usuarias desconozcan sus derechos o crean, erróneamente, que siguen siendo criminalizadas.

Los casos más frecuentes se dan en jóvenes entre 15 y 25 años, muchas de ellas estudiantes o trabajadoras informales. En las zonas rurales y comunidades indígenas, el embarazo adolescente sigue teniendo tasas elevadas: según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), Michoacán ocupa el sexto lugar nacional en fecundidad adolescente, con una tasa de 72 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años, por encima del promedio nacional.

Transparencia opaca

En su informe “Sin garantías: el acceso al aborto legal en México”, GIRE subraya que los estados que han despenalizado el aborto tienden a invisibilizar sus cifras cuando no existen mecanismos institucionales de seguimiento. Michoacán es uno de ellos. La Secretaría de Salud estatal no ha publicado un solo dato desagregado de ILE desde la reforma. Esto impide evaluar el impacto de la política y da pie a que se mantenga una red paralela de atención clandestina, con consecuencias sanitarias.

Mientras tanto, redes como Marea Verde Michoacán y colectivas aliadas siguen realizando acompañamientos, incluso en condiciones de precariedad y riesgo legal. Su labor consiste en informar, orientar y, en ocasiones, facilitar el acceso a medicamentos como el misoprostol, muchas veces fuera de protocolos médicos seguros.

Una sombra que no se disipa

Michoacán sigue siendo un territorio de contrastes: legislación de avanzada, pero acceso desigual. El estigma religioso, la desigualdad territorial, la falta de personal capacitado y la ausencia de campañas públicas mantienen a miles de mujeres fuera del sistema formal. El aborto es legal, pero para muchas, sigue siendo una decisión que debe tomarse en la sombra, lejos del Estado, lejos del cuidado médico y, muchas veces, lejos de la verdad.

Porque en Michoacán, el aborto dejó de ser delito, pero no dejó de ser un tabú.