El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) exigió al Gobierno de Venezuela revertir su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y mantener la cooperación con el tribunal internacional, que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país sudamericano desde 2017.

La organización también solicitó a la Fiscalía de la CPI continuar sin dilación las investigaciones abiertas y preservar los procedimientos durante el año que deberá transcurrir para que el retiro del Estatuto de Roma tenga efectos jurídicos.

El pronunciamiento ocurre después de que el canciller Félix Plasencia anunciara la decisión firme e irrevocable del Gobierno venezolano de denunciar el Estatuto de Roma, tratado internacional que dio origen a la Corte Penal Internacional. La medida fue notificada al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Las autoridades venezolanas sostienen que la CPI ha actuado con un sesgo geográfico y político al concentrar una parte importante de sus actuaciones en países africanos y latinoamericanos, además de señalar que el organismo responde a intereses ajenos a la justicia internacional.

El CLIPP afirmó que la salida del tratado representa un intento de cerrar una vía internacional de acceso a la justicia para las víctimas. La organización recordó que cientos de personas continúan privadas de la libertad por motivos políticos y que numerosos casos dependen de mecanismos internacionales para avanzar en los procesos de verdad, justicia y reparación.

La Corte Penal Internacional abrió en 2021 una investigación formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017, relacionados con denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual. Aunque Caracas solicitó en 2022 el aplazamiento de las investigaciones, el tribunal autorizó su continuación al considerar que los procedimientos internos no reflejaban el alcance de las pesquisas.

El artículo 127 del Estatuto de Roma establece que la denuncia del tratado surtirá efectos un año después de la notificación oficial. Durante ese periodo, Venezuela continuará obligada a cooperar con los procedimientos iniciados mientras formó parte del acuerdo internacional.