Una década después de los años más intensos de operativos militares en Michoacán, nuevas evidencias oficiales confirman lo que durante mucho tiempo quedó en la sombra. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que elementos del Ejército incurrieron en actos de tortura contra civiles durante los despliegues de seguridad. El organismo emitió la Recomendación 183VG/2025, en la que acredita tortura física y psicológica cometida por personal castrense y señala a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por violaciones graves a los derechos humanos.

Los hechos ocurrieron durante la fase más crítica de la llamada guerra contra el crimen organizado, cuando las fuerzas armadas encabezaban despliegues masivos en la región. Durante uno de estos operativos, personal militar detuvo a un civil, cuya identidad permanece reservada por motivos de seguridad. Mientras se encontraba bajo custodia, la víctima fue sometida a agresiones físicas, asfixia, amenazas y tortura psicológica, con el objetivo de obtener confesiones incriminatorias.

La CNDH acreditó estos abusos a partir de peritajes médicos y psicológicos realizados conforme al Protocolo de Estambul, el estándar internacional para documentar casos de tortura. Los exámenes confirmaron secuelas físicas y emocionales consistentes con los relatos, fortaleciendo la evidencia de los abusos cometidos.

El organismo concluyó que los elementos de la Sedena violaron gravemente los derechos humanos al detener sin orden judicial, incomunicar ilegalmente y ejercer violencia sistemática bajo custodia oficial. Además, documentó la omisión de las autoridades militares y civiles para sancionar a los responsables, lo que ha mantenido el caso en la impunidad durante más de una década.

Aunque este expediente forma parte de una investigación más amplia que incluye hechos similares en Chihuahua, Tamaulipas, Morelos y San Luis Potosí, la CNDH resolvió agruparlos en una sola recomendación al identificar un patrón operativo común. En uno de esos episodios, ocurrido en Tamaulipas, también participaron agentes de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), revelando la existencia de colaboración institucional en estas prácticas de tortura.

Para la CNDH, lo documentado refleja prácticas sistemáticas de abuso en el contexto de la militarización de la seguridad pública. Las víctimas fueron objeto de detenciones arbitrarias, tortura física y psicológica, simulacros de ejecución, choques eléctricos, violencia sexual y otros métodos de coacción, empleados en muchos casos para obtener declaraciones forzadas. El organismo subrayó que estos abusos no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón de violencia institucional sostenida y cubierta por la impunidad.

Como parte de las medidas ordenadas, la Sedena deberá garantizar la reparación integral del daño, que incluya compensación económica, atención médica y psicológica especializada, así como la incorporación de la víctima al Registro Nacional de Víctimas. Además, se exige a la dependencia militar informar públicamente sobre las acciones implementadas para erradicar estas prácticas, rendir cuentas sobre sus programas de formación y prevención de la tortura, y colaborar con la Fiscalía General de la República para identificar y procesar a los responsables.

Este nuevo señalamiento vuelve a colocar en el centro del debate los riesgos estructurales de la militarización en México. Aunque los hechos ocurrieron hace más de una década, durante el auge de los operativos federales contra los cárteles, el Ejército mantiene hoy un papel central en la seguridad pública a través de la Guardia Nacional. Organismos internacionales han advertido reiteradamente que, sin mecanismos efectivos de supervisión civil, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna incrementa el riesgo de abusos graves como los ahora documentados.

A más de diez años de distancia, las víctimas siguen esperando justicia plena. La recomendación ya fue notificada formalmente a las autoridades federales, pero su cumplimiento dependerá de la voluntad política de las instituciones para sancionar a los responsables, reparar los daños y evitar que crímenes como estos vuelvan a repetirse bajo el amparo de las fuerzas armadas.