La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que el IMSS-Bienestar incurrió en violencia obstétrica e institucional en un caso que derivó en la muerte de un recién nacido en el Hospital General de Chilapa de Álvarez, luego de que se retrasara tres horas una cesárea de emergencia.

Mediante la Recomendación 29/2026, el organismo documentó deficiencias en la atención médica brindada a una mujer que ingresó al hospital el 25 de enero de 2025 por complicaciones relacionadas con el parto. Aunque los estudios indicaban que se trataba de una urgencia obstétrica que requería intervención inmediata, la cirugía no se realizó oportunamente.

De acuerdo con la investigación, la demora provocó sufrimiento fetal y complicaciones graves en la salud del bebé. Tras el nacimiento, el recién nacido requería vigilancia especializada en el cunero patológico, pero fue enviado al área de alojamiento conjunto con su madre.

La mujer solicitó atención médica después de observar que su hijo tenía la boca morada. Sin embargo, según su testimonio, el personal le respondió que esa condición era normal y que no debía preocuparse.

La CNDH también documentó que, alrededor de las 23:00 horas, la madre escuchó que el personal de enfermería se retiraba a cenar debido a un convivio. Aproximadamente 15 minutos después, el recién nacido falleció sin recibir auxilio, según los hechos incorporados al expediente.

Tras analizar las pruebas médicas y la documentación del caso, el organismo acreditó violaciones a los derechos de la madre a la protección de la salud materna, al acceso a la información médica y a una vida libre de violencia obstétrica e institucional.

Asimismo, determinó afectaciones a los derechos del bebé a la vida y a la salud, así como al principio del interés superior de la niñez.

Como parte de la recomendación, la CNDH solicitó al IMSS-Bienestar brindar atención psicológica y tanatológica gratuita, inmediata y accesible a la madre y sus familiares, además de realizar las gestiones necesarias para la reparación integral del daño.

La institución también deberá colaborar con el Órgano Interno de Control en la investigación administrativa para determinar las posibles responsabilidades del personal involucrado.

Otra de las medidas consiste en implementar un programa de capacitación continua en derechos humanos y atención materna para el personal médico de ginecología y obstetricia del Hospital General de Chilapa.

La formación deberá abordar la calidad y oportunidad de los servicios de salud, así como la obligación de garantizar que las mujeres reciban atención libre de violencia obstétrica.

El caso se suma a otra recomendación emitida por la CNDH en agosto de 2026 contra el IMSS-Bienestar en Guerrero, relacionada con la muerte de una bebé en el Hospital General de Ometepec, donde también se documentaron deficiencias en la atención obstétrica.

Con la Recomendación 29/2026, el organismo busca que se reparen las afectaciones causadas a la familia y se investiguen las omisiones que contribuyeron a la muerte del recién nacido.