Una coalición de 19 estados, liderada por fiscales generales demócratas, presentó una demanda contra la administración de Donald Trump para impedir la retención de miles de millones de dólares en fondos federales destinados a programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las escuelas primarias y secundarias.

La demanda, presentada en Massachusetts, busca bloquear la directiva del Departamento de Educación del 3 de abril, que exige a los estados certificar su cumplimiento con las leyes de derechos civiles y rechazar “prácticas ilegales de DEI” según la definición del gobierno federal.

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Los demandantes argumentan que ya cumplen con las leyes, pero se niegan a abandonar políticas que promueven la igualdad de acceso a la educación.

La fiscal General de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, calificó la amenaza de retener fondos educativos como “ilegal y perjudicial”.

Esta acción legal llega después de fallos judiciales recientes en Maryland, Washington, D.C. y New Hampshire que cuestionan la guía del Departamento de Educación sobre prácticas relacionadas con la raza y la diversidad en las escuelas.

Los jueces han expresado preocupaciones sobre la vaguedad de la guía y su posible impacto en la libertad académica.

La demanda acusa a la administración de poner en riesgo más de 13 mil 800 millones de dólares en fondos, incluyendo aquellos destinados a estudiantes con discapacidades.