El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció un presunto abandono institucional en la investigación del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, donde a principios de marzo fueron localizados hornos crematorios clandestinos y restos óseos calcinados. A casi un año del hallazgo, la organización asegura que el caso se encuentra detenido y rodeado de omisiones graves por parte de las autoridades federales.

A través de una carta pública dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, el colectivo señaló que, tras meses de mantener reserva para no entorpecer las indagatorias, lo único que han encontrado es falta de avances y simulación de trabajo. De acuerdo con su denuncia, el predio permanece sin resguardo ni diligencias adicionales, no se han abierto nuevas líneas de investigación y no hay servidores públicos procesados por los hechos.

Las familias buscadoras atribuyeron el estancamiento del caso a cambios internos en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, particularmente a la salida de su anterior titular, lo que afirman rompió la coordinación que existía y dejó la investigación en pausa.

Uno de los señalamientos más delicados apunta a presuntas filtraciones de información desde la Fiscalía General de la República hacia grupos delictivos, situación que, advierten, ha debilitado el proceso judicial. Según el colectivo, estas irregularidades han permitido que personas detenidas busquen su liberación mediante recursos legales, lo que representa un riesgo de impunidad.

Además, denunciaron restricciones sistemáticas para acceder a la carpeta de investigación y la falta de atención a quejas formales presentadas contra funcionarios encargados del área de personas desaparecidas. También alertaron que testigos clave no han recibido protección, han sido intimidados y, en algunos casos, se vieron obligados a salir del país ante el temor por su seguridad.

En el documento, Guerreros Buscadores de Jalisco hizo un llamado directo a la presidenta Sheinbaum para que revise el manejo del caso, al considerar que la información que le ha sido presentada no refleja la realidad de la investigación. “No queremos que la verdad se pierda por negligencia institucional”, señalaron, al tiempo que pidieron acciones concretas para evitar que el caso quede en el olvido.

Finalmente, el colectivo advirtió que la falta de decisiones también tendrá consecuencias y que la manera en que se atienda este caso marcará un precedente en la lucha contra la desaparición de personas en el país.