El colectivo feminista MAPAS desplegó un comunicado en el que exigen a las autoridades michoacanas tomar medidas inmediatas para evitar que se sigan presentando muertes ocasionadas por la explosión de minas terrestres.

En el marco de la semana rumbo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las integrantes de dicha organización también aprovecharon para alzar la voz en contra de esta problemática que ha cobrado la vida de personas en la región de Tierra Caliente de Michoacán.

En el documento dado a conocer a la opinión pública, señalaron que es preocupante que los principales afectados sean las comunidades rurales y trabajadores del campo.

Ante ello, hicieron un llamado al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y al fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, para el esclarecimiento de los hechos, justicia y reparación para las familias y comunidades afectadas.

El pasado 8 de febrero, un adolescente de 15 años llamado Pablo y su padre fallecieron a causa de la detonación de una mina terrestre, mientras trabajaban en una parcela de limón, ubicada en la comunidad de Santa Ana Amatlán, perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán.

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En este sentido, señalaron que no se trata de un caso aislado, puesto que el 13 de enero un maestro rural de telesecundaria perdió la vida manejando en sus trayectos cotidianos y en marzo de 2024 otros tres trabajadores del campo fallecieron mientras circulaban en su camioneta entre las comunidades de El Caulote y Las Cruces, del municipio de Tumbiscatío.

“Las muertes antes mencionadas fueron a causa de detonaciones de minas terrestres, armas explosivas que se encuentran ocultas bajo tierra, en la vía pública y espacios laborales de jornaleras/os, lo que significa que es un problema y un riesgo latente para las comunidades cercanas, que muchas veces se ven obligadas a huir, convirtiéndose en víctimas de desplazamiento forzado”, expresaron.

Aunado a esto, calificaron como insostenible que los espacios de trabajo y vías públicas signifiquen un peligro que atenta contra la vida de adolescentes, trabajadores del campo, docentes de las zonas rurales y población en general.

“Es desesperanzador que la vida de un adolescente jornalero termine por las nulas medidas de seguridad y ante una gran ausencia de los gobiernos estatal y locales, quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar el Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo, como lo estipulan los artículos 14,15 y 16 del Capítulo Primero de la Ley General De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, remarcaron.

Finalmente, aseveraron que el trabajo en el campo sostiene la economía y la alimentación  de familias michoacanas, también aporta al desarrollo económico del estado y el país, pero con todo y ello, lamentaron que es un trabajo precarizado, sin seguridad social o programas gubernamentales destinados al desarrollo social y económico de las jornaleras, jornaleros y sus familias.