Este 2 de mayo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó nuevamente al rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Tlajomulco, gracias a una autorización judicial que les permite participar formalmente en las investigaciones sobre desapariciones.

Este retorno se dio 58 días después de que descubrieran que el sitio era utilizado para inhumaciones clandestinas y reclutamiento forzado. La intervención fue respaldada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, y se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad.

La vocera del colectivo, Indira Navarro Lugo, reveló que sostuvo una conversación directa con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien aseguró su compromiso para esclarecer los hechos.

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Durante el diálogo, Navarro expuso discrepancias entre los informes presentados por la Fiscalía de Jalisco y las pruebas forenses sobre los restos óseos hallados en 17 lotes del rancho, datos que aún no han sido divulgados oficialmente por las autoridades estatales.

La visita al rancho se extendió por casi seis horas y se realizó con trajes de bioseguridad. Al concluir la jornada, los integrantes del colectivo decidieron no emitir declaraciones públicas, rompiendo con la apertura informativa que habían mostrado en intervenciones anteriores.
En el exterior, se instalaron 12 toldos y vehículos de la FGR que conforman un laboratorio forense móvil, en una clara señal del despliegue federal en la zona.

Uno de los aspectos más destacados fue la reanudación de las actividades agrícolas en los alrededores del rancho Izaguirre, suspendidas desde marzo tras el hallazgo inicial.