Representantes de la comunidad de diversidad sexual en Michoacán aseguran que existen grandes pendientes en materia legislativa para garantizar el respeto de los derechos humanos de quienes se asumen como miembros de esa comunidad, entre los que destacan: reformas al Código Familiar, al Código Penal y a la Ley General de Salud del Estado.

El fundador de la asociación civil Michoacán es Diversidad, Raúl Martínez Rojas, señaló que en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado hubo un gran retroceso en materia de procuración de los derechos de la población LGBT+ con la aprobación de la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia.

“Esta comisión, promovida desde quien llegó al Congreso como parte de las acciones afirmativas para grupos minoritarios (Fidel Calderón) retrasó trabajos y luchas que se hacen desde hace años para buscar que se reconozca por Ley a las familias homoparentales”.

El representante de la asociación IncluMich, Luis Antonio Cortés Salinas, concordó con Martínez al resaltar que existen decenas de casos en el estado de parejas homoparentales que no pueden registrar a sus hijos bajo los apellidos de ambos padres, debido a que el Código estipula que los menores solo pueden ser registrados bajo los apellidos de sus padres biológicos.

Ambos activistas refirieron un trabajo en esta materia impulsado por la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Gabriela Cázares – quien entró en funciones mientras Brenda Fraga ocupó el puesto de Secretaría de Migración – el cual se enfocó en reformar el Código Familiar para facilitar las adopciones homoparentales, mismo que se quedó en el cajón de la Comisión de Justicia.

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Sin embargo, concordaron en que los esfuerzos resultan mínimos ante una Legislatura retrógrada.

En materia de justicia, el representante de Michoacán es Diversidad expuso que es necesario reformar el Código Penal del Estado para incluir lineamientos claros que acrediten a la Fiscalía General de Michoacán a abrir carpetas de investigación como crímenes de odio y no crímenes pasionales.

“Hay asesinatos y agresiones a miembros de la comunidad por su orientación sexual, por su identidad sexual, pero cuando se llega a la Fiscalía a hablar de ello como crímenes de odio nos dicen que no, que son temas pasionales, necesitamos un protocolo claro, porque esto nos invisibiliza”.

Luis Antonio Cortés subrayó que también es necesario reformar el Código Penal para tipificar como delito las terapias de conversión en contra de quienes se asumen como personas sexo diversas.

Comentó que la asociación civil que encabeza conoce de sitios cuyas fachadas funcionan como anexos o centros religiosos, que en la práctica realizan terapias psicológicas e incluso físicas para “convertir” a personas homosexuales en heterosexuales.

Políticos michoacanos denunciaron que hay centros de conversión en el estado, con énfasis en Morelia, en donde regidores del Ayuntamiento conocen de más de 10 centros de esta naturaleza.

En materia de salud, Martínez Rojas mencionó que la Ley General de Salud de Michoacán violenta los derechos humanos de las personas con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) debido a que el único tratamiento y prevención que contempla, en su artículo 157 Bis, es la promoción del uso del condón para evitar contagios.

“Estamos hablando de que no contamos con la información suficiente ni con los insumos para hablar de una prevención y control de la enfermedad, mientras que hablar de la entrega de medicamentos como la profilaxis preexposición y la profilaxis posterior es casi imposible”.

En los últimos 29 años, entre 1983 y 2022, la Secretaría de Salud de México reportó 341 mil 313 casos de VIH notificados por las secretarías estatales, de los cuales ocho mil 974 se presentaron en Michoacán.

Las Jurisdicciones Sanitarias que presentan el mayor número de casos con VIH-SIDA en poblaciones de 20 a 44 años de edad son: Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas.