La emergencia por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes entró en una nueva fase este martes, con equipos de rescate concentrados en localizar sobrevivientes y autoridades trabajando en la evaluación de daños. El balance de víctimas continúa en aumento y ya supera las 250 personas fallecidas, mientras miles más han resultado heridas.

El epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, pero las mayores afectaciones se concentran también en Pereira, Cali, Manizales y otras localidades del Eje Cafetero y el occidente del país. Reportes actualizados contabilizan viviendas destruidas o afectadas, edificios colapsados y daños en hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos.

El presidente Abelardo de la Espriella declaró el estado de desastre de carácter nacional y suspendió su agenda para concentrarse en la atención de la emergencia. El Gobierno instaló un Puesto de Mando Unificado en Bogotá y activó la coordinación de las instituciones encargadas de rescate, atención médica y evaluación de infraestructura. El mandatario también se trasladó a zonas afectadas y anunció que la prioridad será proteger la vida, atender a los damnificados y comenzar la reconstrucción.

La declaratoria permite al Gobierno disponer de mecanismos extraordinarios para canalizar recursos hacia las zonas afectadas. La medida sucedió apenas cuatro días después de la llegada de De la Espriella a la Presidencia y obligará a revisar parte de su programa económico, que contemplaba un fuerte ajuste del gasto público.

Mientras continúan las labores entre edificios derrumbados, las autoridades mantienen la vigilancia por posibles nuevas afectaciones y dificultades para llegar a comunidades rurales del Chocó. La infraestructura dañada también complica el traslado de heridos y la distribución de ayuda.

La respuesta internacional comenzó a ampliarse. Estados Unidos anunció 15.5 millones de dólares para refugios, alimentos, protección y evaluación de daños, mientras México, Brasil, Ecuador, El Salvador, Israel, Venezuela, la ONU y la Unión Europea también han ofrecido apoyo.