El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó una “ofensiva total” contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que acusó de narcoterrorismo, en una nueva estrategia de seguridad para combatir a los grupos armados ilegales que operan en el país.

El anuncio fue realizado al término de una reunión de seguridad en el departamento de Arauca, ubicado en el este de Colombia, en la frontera con Venezuela, una región afectada por la disputa territorial entre organizaciones guerrilleras y redes vinculadas al narcotráfico.

El mandatario afirmó que las fuerzas de seguridad intensificarán las operaciones contra los principales dirigentes de estas organizaciones, sus estructuras armadas y sus mecanismos de financiamiento, con el propósito de debilitar su capacidad operativa.

“He ordenado una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las FARC”, declaró De la Espriella, quien sostuvo que su administración no permitirá que estos grupos continúen ejerciendo control territorial ni desarrollando actividades criminales.

La instrucción representa un endurecimiento de la política de seguridad del Gobierno colombiano, que ha descartado la posibilidad de establecer negociaciones de paz con estas organizaciones y apuesta por incrementar la presión militar y judicial.

Durante su intervención, el presidente también exigió al ELN liberar de manera inmediata a cinco funcionarios que permanecen secuestrados, entre ellos dos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, retenidos desde mayo de 2025.

De la Espriella informó que ordenó al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) intensificar las operaciones para localizar y rescatar a las personas privadas de la libertad.

El mandatario advirtió que su Gobierno no olvidará a los secuestrados y reiteró que no contempla negociar con los grupos armados bajo las condiciones que estos pretendan imponer.

El departamento de Arauca constituye uno de los principales escenarios de confrontación entre el ELN y las disidencias de las antiguas FARC, debido a su ubicación fronteriza y a su importancia para las rutas del narcotráfico y el control territorial.

Los enfrentamientos entre ambas organizaciones han provocado asesinatos, desplazamientos forzados y otras afectaciones a la población civil. La disputa por corredores estratégicos ha mantenido a distintas comunidades bajo condiciones de inseguridad.

La presencia de grupos armados en esta región representa uno de los principales desafíos para la estrategia de seguridad del Gobierno colombiano, que busca recuperar el control territorial y reducir la capacidad de operación de las estructuras ilegales.

De acuerdo con el balance presentado por el mandatario, entre el 7 de agosto y el 15 de octubre los homicidios en Arauca disminuyeron 56.3%, mientras que los ataques contra integrantes de la fuerza pública registraron una reducción de 71%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El presidente afirmó que estos resultados no son suficientes y que su administración mantendrá la presión sobre las organizaciones armadas.