El gobierno de Colombia implementó un nuevo programa que ofrece pagos a campesinos por arrancar sus propios cultivos de hoja de coca, con el objetivo de reducir la producción de cocaína en el país.

La estrategia, impulsada por el presidente Gustavo Petro, comenzó en regiones como Argelia, en el suroeste, y ya cuenta con más de tres mil 900 familias inscritas.

A diferencia de anteriores políticas de erradicación forzada, el plan contempla 12 pagos escalonados, el primero de 300 dólares por la eliminación manual de los cultivos, seguido de apoyos para el cambio a siembras legales como café o cacao. El gobierno estima erradicar al menos 45 mil hectáreas en zonas de alto conflicto armado.

Según cifras de la ONU, Colombia alcanzó en 2023 un récord de 253 mil hectáreas de hoja de coca, lo que ha generado preocupación internacional.

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El programa también llega en un momento crítico, cuando Estados Unidos evalúa si continuará considerando a Colombia como aliado clave en la lucha antidrogas.

Aunque se han destinado 14.4 millones de dólares al programa, expertos como Estefanía Ciro advierten que la iniciativa podría fracasar si no se aborda simultáneamente el control territorial de grupos armados ilegales.

Sin medidas complementarias de seguridad y desarme, señalan, el narcotráfico podría adaptarse y persistir.