La frontera entre Colombia y Venezuela se mantiene bajo un estricto control militar y humanitario tras los recientes bombardeos de Estados Unidos en Caracas y otras ciudades venezolanas, así como la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El presidente Gustavo Petro ordenó un incremento de la presencia militar y de asistencia en la zona limítrofe, con el objetivo de garantizar seguridad, prevenir un posible flujo masivo de refugiados y reforzar la postura política del país frente a la crisis, informó Noticias Caracol.

Un consejo de seguridad extraordinario dio inicio al despliegue operativo, que incluye un puesto de mando unificado en Cúcuta, considerado el centro de coordinación militar y humanitaria en la región. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ya hay 11.000 soldados desplegados en el Catatumbo, sumados a fuerzas en los departamentos de Norte de Santander, La Guajira, Arauca y Vichada. Además, se han movilizado capacidades de inteligencia y logística para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

La vigilancia se ha reforzado en puntos estratégicos, como el puente internacional Simón Bolívar y otros pasos fronterizos clave. Paralelamente, el Gobierno activó un plan de asistencia humanitaria coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Defensa Civil, la Cruz Roja Internacional y autoridades locales, priorizando recursos materiales y personal especializado para atender a potenciales migrantes.

Actualmente, los pasos fronterizos permanecen abiertos y la circulación es normal, mientras la presencia militar proporciona tranquilidad a la población local. Las autoridades han elevado el nivel de alerta ante posibles acciones de grupos armados ilegales, incluidos el ELN y otras organizaciones de crimen transnacional, y han reforzado la seguridad en sedes diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela en Colombia.

Cerca de 2,8 millones de venezolanos viven actualmente en Colombia como consecuencia de oleadas migratorias anteriores, lo que incrementa la sensibilidad del país ante un posible aumento en el flujo de desplazados. En este contexto, las acciones del Gobierno buscan garantizar la seguridad fronteriza y la atención humanitaria, combinando prevención frente al crimen organizado y asistencia a la población vulnerable.