El Comité Técnico de Evaluación dio a conocer la lista de 50 aspirantes mejor evaluados para integrar las quintetas de donde serán seleccionados tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, proceso que deberá ser remitido a la Junta de Coordinación Política a más tardar el próximo lunes.
De acuerdo con el procedimiento establecido, el Comité concluirá formalmente sus funciones una vez que entregue las quintetas, mientras que la votación en el pleno se prevé para el miércoles 22 de abril, cuando se elegirán tres grupos conformados por cinco perfiles cada uno.
En la lista final se mantienen perfiles vinculados a distintas instituciones públicas y actores cercanos a figuras políticas y autoridades electorales, entre ellos funcionarios relacionados con la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral y otros organismos del sistema electoral.
Dentro del grupo de aspirantes destacan nombres como Armando Hernández Cruz y Alejandra Tello, quienes se identifican como parte de sectores considerados vulnerables. También continúan en el proceso perfiles provenientes de áreas jurídicas, electorales y administrativas.
Otros aspirantes que permanecen en la selección final incluyen a funcionarios con experiencia en organismos electorales locales, asesores legislativos y perfiles vinculados a dependencias federales, así como integrantes de equipos técnicos relacionados con reformas electorales.
Entre los aspirantes se encuentran también personas cercanas a la actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, así como funcionarios con vínculos previos en la administración pública federal y estatal.
El proceso contempla la integración de tres quintetas: una de hombres, una de mujeres y una mixta, las cuales serán sometidas a votación del pleno de la Cámara de Diputados. Se prevé que con el respaldo de la mayoría legislativa se alcance la votación de dos terceras partes necesaria para la designación de los nuevos consejeros.
En caso de no alcanzarse acuerdos en el pleno, el procedimiento podría derivar en una insaculación, mecanismo que ya ha sido utilizado en procesos anteriores ante la falta de consenso legislativo.