Habitantes de la comunidad ejidal de Apeo, perteneciente al municipio de Maravatío, se manifestaron en Morelia frente a las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) para denunciar un conflicto legal con la empresa Kansas City Southern de México, ahora integrada a Canadian Pacific Kansas City, que podría afectar directamente a 29 familias.

Los comuneros señalaron que la empresa ferroviaria mantiene procedimientos legales en su contra y exige la modificación o el retiro de viviendas ubicadas en las inmediaciones de las vías del tren, bajo el argumento de que se encuentran dentro de una franja de riesgo. De acuerdo con los manifestantes, esta medida provocaría pérdidas patrimoniales totales en al menos cinco casas de dos niveles.

Durante la protesta, Enrique Miranda Martínez, encargado del orden de la comunidad, afirmó que las viviendas señaladas se encuentran dentro de los márgenes permitidos por la normatividad vigente, la cual establece una franja de seguridad ferroviaria con un máximo de 15 metros y un mínimo de 13 metros desde las vías. Sostuvo que las casas de Apeo se localizan dentro de ese rango legal.

Los pobladores aseguraron que las viviendas forman parte de los polígonos ejidales reconocidos y cuentan con documentación que acredita su legalidad. Señalaron que, pese a haber presentado estos documentos ante las autoridades correspondientes, la empresa ferroviaria no ha acreditado técnicamente el riesgo y ha recurrido únicamente a acciones judiciales.

Los comuneros recordaron que el ferrocarril opera en Apeo desde hace más de un siglo y que en ese periodo no se han registrado descarrilamientos ni accidentes graves en la zona habitacional, lo que, a su juicio, contradice los argumentos de peligro utilizados por la empresa.

Indicaron que el conflicto se intensificó en meses recientes, coincidiendo con la renovación de contratos de operación ferroviaria, y advirtieron que las acciones legales emprendidas por la empresa colocan a las familias en una situación de incertidumbre jurídica y riesgo de despojo.

Los manifestantes solicitaron la intervención directa de la SICT para establecer una mesa de diálogo entre la comunidad y la empresa, con el objetivo de revisar la normatividad aplicable y evitar afectaciones a viviendas que, aseguran, fueron construidas conforme a la ley y con conocimiento de las autoridades.

Hasta el momento, ni la empresa ferroviaria ni la Secretaría de Infraestructura han emitido un posicionamiento público sobre las demandas de los comuneros de Apeo.