Integrantes de comunidades indígenas y rurales se manifestaron este martes en las inmediaciones de Casa Michoacán para expresar su rechazo al proyecto de la Autopista de la Agroexportación Uruapan-Zamora, al considerar que la obra pondría en riesgo sus territorios, bosques, parcelas de cultivo y caminos de uso tradicional.

Durante la protesta, los comuneros denunciaron que el proyecto contempla un derecho de vía de aproximadamente 60 metros de ancho, lo que implicaría la afectación de terrenos pertenecientes a comunidades como Pamatácuaro, San Antonio, Tierras Blancas, San Isidro, Tata Lázaro, Zarzamora, J. Jesús Díaz Tsirio, La Tinaja y otros anexos comunales, así como de localidades como Tegüecho, en el municipio de Tangancícuaro.

Los representantes comunitarios señalaron que la construcción de la vialidad tendría un impacto directo sobre áreas boscosas y tierras agrícolas, donde la principal actividad es el cultivo de maíz, además de provocar la fragmentación de veredas y caminos tradicionales que son utilizados diariamente para la comunicación entre las distintas localidades.

Uno de los principales reclamos de los inconformes fue la ausencia de un proceso formal de consulta con las comunidades afectadas. Afirmaron que la información relacionada con la autopista ha sido manejada únicamente por algunos representantes de bienes comunales, sin que exista un mecanismo de diálogo abierto con la población en general.

Los manifestantes sostuvieron que la oposición al proyecto no corresponde a un solo poblado, sino que es una inconformidad compartida por diversas comunidades de la región, las cuales exigen que se respeten sus derechos territoriales y sus formas de organización comunitaria.

Durante la concentración, los comuneros advirtieron que continuarán con las movilizaciones y acciones de protesta para impedir cualquier avance del proyecto que, a su juicio, represente una afectación a sus territorios, recursos naturales y actividades productivas.

La Autopista de la Agroexportación Uruapan-Zamora forma parte de los proyectos de infraestructura promovidos en Michoacán para fortalecer la conectividad logística del sector agrícola y de exportación; sin embargo, las comunidades involucradas insistieron en que cualquier desarrollo de este tipo debe realizarse mediante procesos de consulta previa, libre e informada, así como con garantías de protección ambiental y respeto a la propiedad comunal.

Hasta el momento, las autoridades estatales no habían emitido una postura pública sobre las demandas planteadas por los manifestantes ni sobre la posibilidad de abrir mesas de diálogo con las comunidades que rechazan el proyecto carretero.