Habitantes de comunidades indígenas de Chiapas denunciaron afectaciones en sus fuentes de agua a consecuencia de los trabajos de construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal de Las Casas, proyecto que forma parte de la llamada “Ruta de las Culturas Mayas”.

Las comunidades señalan que las obras han afectado manantiales utilizados para el abastecimiento de la población, además de parcelas agrícolas, zonas forestales y espacios considerados sagrados. La denuncia se suma al rechazo que distintos pueblos originarios han expresado desde el inicio del proyecto carretero.

De acuerdo con los pobladores, personal relacionado con los trabajos ha ingresado a terrenos sin autorización de sus propietarios y se han realizado labores en zonas donde existen fuentes de agua. También cuestionan que las obras continúen pese a que varias comunidades han manifestado su oposición al proyecto.

La autopista comenzó a construirse en junio de 2025 y contempla un tramo de aproximadamente 170 kilómetros que atravesará los municipios de Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Ocosingo y Chilón, además de un ramal de 18 kilómetros hacia Ocosingo. El proyecto forma parte de una conexión carretera que posteriormente contempla llegar hasta San Cristóbal de Las Casas.

Las comunidades agrupadas en organizaciones como el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) han cuestionado además el proceso de consulta realizado por autoridades, al considerar que no se garantizó una participación libre e informada de los pueblos afectados. En agosto pasado, habitantes tseltales y cho’oles realizaron una movilización para exigir que se detuviera la obra.

En septiembre, pobladores de Chilón reiteraron su rechazo y denunciaron presuntos actos de hostigamiento, sobrevuelos de drones y el ingreso de personal técnico a terrenos sin consentimiento. En un acta comunitaria, habitantes acordaron impedir el acceso de trabajadores vinculados con la construcción y rechazaron cualquier afectación a sus tierras, bosques, agua y sitios sagrados.

Las comunidades demandan que se respete su derecho a decidir sobre sus territorios y que cualquier intervención en sus tierras considere su participación y consentimiento, mientras continúan las obras de la autopista.