Integrantes de la comunidad indígena de San Francisco Jicalán y del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) exigieron al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) emitir una respuesta por escrito sobre la solicitud de consulta para acceder al autogobierno y advirtieron que, de no recibir una resolución en un plazo de 15 días, realizarán movilizaciones y podrían tomar las instalaciones del organismo electoral.

Durante una conferencia de prensa, representantes de la comunidad señalaron que la solicitud fue presentada el pasado 27 de marzo y acusaron que el plazo legal establecido en el artículo 330 del Código Electoral de Michoacán para dar respuesta ya fue rebasado en cuatro ocasiones.

Los integrantes del CSIM indicaron que el IEM ha argumentado que la demora se debe a la falta de quórum en su Consejo General; sin embargo, señalaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó atraer el caso y lo regresó al órgano electoral estatal para que sea éste quien determine lo conducente.

El vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Uliánov Guzmán, también cuestionó el actuar del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al señalar que existe un rezago en la actualización del catálogo oficial de comunidades indígenas en Michoacán, lo que, afirmó, afecta a localidades que buscan ejercer sus derechos de autonomía y autoadscripción.

De acuerdo con el CSIM, en Michoacán existen alrededor de 500 comunidades indígenas, mientras que el registro del INPI contempla únicamente 389, dejando fuera a más de un centenar de comunidades que buscan reconocimiento para acceder a derechos como el presupuesto directo y procesos de autogobierno.

Autoridades comunales de San Francisco Jicalán aseguraron que han cumplido con los requisitos solicitados para iniciar el procedimiento y señalaron que requieren una respuesta formal del IEM, ya sea favorable o negativa, para continuar con la defensa jurídica de sus derechos ante las instancias correspondientes.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán consideró que el caso podría convertirse en un precedente para otras comunidades que buscan ser reconocidas bajo el sistema de usos y costumbres. Además, adelantó que otras localidades preparan solicitudes similares para iniciar procesos de consulta y acceso al autogobierno.