La comunidad del Calvario acusó al Ayuntamiento de Quiroga de difundir información que contradice documentos oficiales y que, afirman, busca generar dudas sobre el proceso de autogobierno que ya fue reconocido por el Estado. De acuerdo con las actas y notificaciones emitidas por las dependencias correspondientes, la comunidad concluyó el procedimiento jurídico para ser reconocida como comunidad indígena, obtuvo su incorporación al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas y recibió la validación necesaria para ejercer presupuesto directo.

Con esta resolución, la Secretaría de Finanzas y Administración notificó al municipio que debía transferir al Calvario los recursos proporcionales a su población, tal como ocurre con otras comunidades que administran directamente su presupuesto en Michoacán. El cabildo aprobó esa transferencia y la dejó asentada en la entrega–recepción del gobierno municipal 2024–2027, sin registrar objeciones ni impugnaciones durante el periodo administrativo en el que se formalizó el acuerdo. Para la comunidad, estos elementos confirman que el proceso estaba concluido y que la autoridad municipal lo reconoció explícitamente.

El conflicto surgió cuando, posteriormente, el Ayuntamiento comenzó a cuestionar públicamente la validez del procedimiento, la representatividad comunal y la forma en que el presupuesto sería administrado. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán señaló que estas declaraciones no solo contradicen los documentos oficiales, sino que generan incertidumbre entre la población y podrían afectar a otras comunidades que siguen procedimientos similares en distintos municipios del estado. La organización destacó que el autogobierno del Calvario se desarrolló bajo la misma normativa utilizada por decenas de comunidades indígenas que ya ejercen recursos directos desde hace más de una década en Michoacán.

En el ámbito administrativo, la transferencia de recursos implica ajustes habituales en este tipo de esquemas, como la definición de rutas de coordinación entre municipio y comunidad, la claridad en funciones operativas y la distribución de competencias en obras o servicios. Para las autoridades indígenas, estos procesos no representan un modelo experimental y forman parte de un marco legal consolidado en el estado, por lo que la postura reciente del Ayuntamiento genera un conflicto que no existía cuando el procedimiento fue aprobado oficialmente.

El Consejo Supremo Indígena responsabilizó al gobierno municipal por cualquier acto de hostigamiento contra las autoridades comunales y pidió que se respete el contenido de las actas y notificaciones emitidas por el Estado. Varias comunidades indígenas de Michoacán manifestaron apoyo al Calvario y señalaron que el respeto a los procedimientos oficiales es clave para garantizar la estabilidad de los modelos de autogobierno en la entidad.

El caso continuará bajo revisión administrativa, pues su resolución tendrá impacto en la coordinación entre municipios y comunidades en contextos urbanos, donde la aplicación del autogobierno exige lineamientos operativos más precisos y definiciones claras sobre la distribución de atribuciones presupuestales.