Comunidades originarias agrupadas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunciaron incumplimientos prolongados por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la entrega de apoyos para el campo, con retrasos que, aseguran, van de uno hasta dos años.

En conferencia de prensa, representantes indígenas señalaron que, pese a haber entregado documentación, comprobaciones e incluso aportaciones económicas que les correspondían como beneficiarios, los recursos y materiales comprometidos no han sido entregados.

Rigoberto Cortés Sánchez, de la comunidad de Tomendán, acusó que las reuniones con autoridades estatales se han traducido en promesas incumplidas. Indicó que en varias ocasiones funcionarios no se han presentado a los encuentros, lo que ha incrementado el malestar entre los habitantes.

Por su parte, Ernesto Ramos Constantino, consejero de Honor y Justicia de Jarácuaro, explicó que entre los apoyos pendientes se encuentran insumos básicos como pollitos, alambre de púas, composta y fertilizante. Subrayó que no se trata de solicitudes de maquinaria, sino de recursos esenciales para la producción agrícola y la alimentación comunitaria.

En el mismo sentido, Juan Carlos Paz Aguilera, presidente del consejo de Zacán, afirmó que las comunidades han cumplido con los requisitos solicitados sin obtener respuesta efectiva por parte de las autoridades.

El vocero del CSIM, Pavel Ulianov Guzmán Macario, señaló que el problema es generalizado y no se limita a una sola localidad. Detalló que existen adeudos en fertilizantes, abonos, composta, aves de corral, alambre de púas y cemento, además de que al menos 25 comunidades resultaron afectadas por incumplimientos en programas del año pasado.

Añadió que durante 2026 prácticamente no se han entregado apoyos a las comunidades indígenas registradas, al tiempo que cuestionó la apertura de nuevas ventanillas de atención sin resolver los pendientes anteriores.

Las comunidades exigieron la entrega inmediata de los apoyos comprometidos, así como una revisión financiera y administrativa de la dependencia. Incluso, plantearon que, de no resolverse los rezagos, el titular de la Sader debería dejar el cargo.