Comunidades indígenas mayo-yoreme de la bahía de Ohuira, en Sinaloa, anunciaron que tomarán de manera indefinida las instalaciones de la planta de amoniaco que se construye en la región, al considerar que el proyecto representa una amenaza ambiental y cultural para los pueblos originarios asentados en la zona.

La medida fue anunciada por el gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, Felipe Montaño Valenzuela, quien aseguró que las comunidades mantienen una oposición de más de una década contra la obra impulsada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman.

“Nosotros tomaremos la instalación el lunes hasta tener resultados”, declaró Montaño tras sostener un encuentro con autoridades federales, entre ellas la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena.

De acuerdo con el representante indígena, el Gobierno de México, a través de la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), propuso instalar mesas de diálogo para atender las demandas de las comunidades. Sin embargo, los habitantes condicionaron su participación a la suspensión simultánea de las obras de construcción de la planta.

El proyecto contempla una capacidad de producción de 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoniaco y ha sido señalado por los opositores como una amenaza para el ecosistema de la bahía de Ohuira, considerada una zona de alta riqueza ambiental y pesquera en el norte de Sinaloa.

Montaño advirtió que la operación de la megaplanta podría provocar afectaciones irreversibles tanto al entorno natural como a las comunidades indígenas que dependen de él para su subsistencia.

“Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, expresó.

Los inconformes sostienen que la construcción impactaría directamente a más de 6 mil 600 habitantes indígenas de las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos, ubicadas en el área de influencia del puerto de Topolobampo.

La protesta representa un nuevo episodio en el prolongado conflicto que enfrenta a las comunidades mayo-yoreme con la empresa promotora del proyecto, una disputa que durante años ha transitado por tribunales, consultas indígenas y procedimientos ambientales sin lograr una solución definitiva.