Representantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) elevaron una exigencia que se repite año tras año, pero que sigue sin respuesta efectiva: acceso digno a la salud en las regiones purépechas, costeras y del oriente del estado. Durante una reunión con autoridades federales y estatales, los representantes comunitarios denunciaron que miles de habitantes deben recorrer hasta seis horas para recibir atención médica básica o acceder a un hospital con capacidad para emergencias.
La situación, explican, se agrava en comunidades donde los centros de salud funcionan sin médicos permanentes, sin ambulancias y con escasez de medicamentos. En localidades como Comachuen, Arantepacua, Aquila y Cherán, los consultorios abren solo algunos días por semana, dependiendo de la disponibilidad de pasantes o personal en rotación. “No queremos brigadas temporales, queremos médicos de planta y hospitales equipados”, reclamó uno de los consejeros durante el encuentro celebrado en Morelia.
El CSIM ha advertido que el modelo actual de atención sanitaria profundiza la desigualdad estructural entre zonas urbanas y rurales. Mientras en la capital del estado existen más de 80 unidades médicas y clínicas privadas, en amplias regiones indígenas apenas operan casas de salud improvisadas. El problema se extiende también a la cobertura del IMSS-Bienestar, que según datos oficiales atiende a más de 2.2 millones de michoacanos, pero enfrenta falta de especialistas, infraestructura deteriorada y déficit de abasto en 70 % de sus centros rurales.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de Michoacán, la entidad requiere al menos 500 médicos y 800 enfermeras adicionales para cubrir su red de atención básica. Pese a los esfuerzos del programa federal Médico en tu comunidad y de las campañas de salud itinerante, los resultados han sido parciales. En muchas localidades, los doctores llegan solo por días y las consultas se realizan sin los medicamentos necesarios para tratamientos continuos.
El reclamo de las comunidades también apunta a la ineficiencia en el gasto público. Líderes del CSIM recordaron que en los últimos años se han anunciado inversiones millonarias en infraestructura hospitalaria que permanecen inconclusas. Ejemplos de ello son el hospital general de Apatzingán, con más de cinco años en ampliación, y el de Zacapu, donde las obras de modernización siguen sin entregar un quirófano en condiciones de uso.
Casos similares se registran en otros estados con población indígena significativa. En Chiapas y Oaxaca, organizaciones como Servicios del Pueblo Mixe y Coalición de Médicos Rurales han denunciado patrones semejantes: clínicas sin personal, traslados extremos y mortalidad materna elevada en regiones de difícil acceso. El común denominador es la brecha territorial en la salud pública mexicana, una deuda histórica con los pueblos originarios.
Los representantes del CSIM exigieron la creación de un plan estatal de atención médica indígena, con presupuesto etiquetado, mecanismos de transparencia y participación comunitaria en la designación de personal. También solicitaron la reapertura de escuelas de enfermería y medicina rural, cerradas en los últimos años por falta de recursos.
Mientras el gobierno promete evaluar nuevas rutas logísticas y reforzar la distribución de medicamentos, las comunidades mantienen su exigencia: que el derecho a la salud deje de depender del camino que separa una comunidad del hospital más cercano.