Un condado del estado de Utah, que incluye a Salt Lake City, presentó una demanda federal para frenar el plan del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de convertir un almacén industrial en un centro de detención para migrantes con capacidad para aproximadamente 10 mil personas.
La acción legal fue presentada ante un tribunal federal y busca detener la adecuación del inmueble, adquirido por 145.4 millones de dólares. La propiedad cuenta con una superficie de 77 mil 388 metros cuadrados, equivalente a unas 15 canchas de futbol americano, y sería una de las instalaciones más grandes destinadas a este tipo de operación en el país.
El proyecto forma parte de un programa federal que contempla la compra de múltiples almacenes para ampliar la capacidad de detención migratoria. De acuerdo con los datos del caso, se han adquirido 11 inmuebles por más de mil millones de dólares como parte de una estrategia de expansión del sistema de detención en distintas regiones.
Las autoridades del condado sostienen que la instalación fue planeada sin las evaluaciones ambientales correspondientes y sin consulta previa a gobiernos locales y estatales. Este punto constituye uno de los principales argumentos del recurso legal interpuesto ante la corte federal.
La alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, señaló que una instalación de estas dimensiones tendría impactos en el suministro de agua, en la infraestructura de servicios públicos y en la seguridad de la población. También advirtió sobre los efectos sociales de su operación en una zona urbana.
Por su parte, la alcaldesa del condado de Salt Lake, Jenny Wilson, afirmó que el proyecto representa una fuerte presión sobre la infraestructura local y podría afectar el desarrollo económico, además de generar riesgos para la seguridad y el bienestar de la comunidad.
Organizaciones locales han comenzado a posicionarse en contra del plan y se prevén acciones públicas en apoyo al recurso legal, mientras el caso avanza en tribunales federales.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido una postura oficial sobre la demanda presentada por las autoridades locales.
Este tipo de proyectos enfrenta litigios similares en otros estados de Estados Unidos, donde gobiernos locales han recurrido a instancias judiciales para frenar centros de detención por presuntas violaciones a normativas ambientales y falta de coordinación institucional.