El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y su exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, fueron sentenciados este viernes a 30 años de prisión tras ser declarados culpables de ordenar vuelos de drones sobre Pyongyang en 2024 con el objetivo de incrementar las tensiones con Corea del Norte y justificar posteriormente la imposición de la ley marcial.
El fallo fue emitido por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, que concluyó que ambos funcionarios incurrieron en los delitos de ayuda a un enemigo y abuso de poder al intentar provocar una reacción militar o represalias graves por parte de Corea del Norte para generar una situación de emergencia nacional.
Según la resolución judicial, las acciones impulsadas por Yoon y Kim perjudicaron los intereses militares de Seúl al exponer capacidades estratégicas del país, comprometer futuras operaciones y motivar a Pyongyang a reforzar su postura defensiva.
La sentencia se suma a otro revés judicial para el exmandatario, quien previamente había sido condenado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de rebelión por la imposición de la ley marcial decretada en diciembre de 2024.
El caso se remonta a octubre de ese año, cuando Corea del Norte acusó a Seúl de realizar tres incursiones con drones sobre Pyongyang para lanzar propaganda. En ese momento, Kim Yong-hyun negó de forma ambigua las acusaciones y posteriormente el Ministerio de Defensa surcoreano evitó confirmar o desmentir los hechos. Aunque las tensiones entre ambos países aumentaron considerablemente, no llegaron a desencadenar un conflicto armado.
Los abogados de Yoon presentaron una apelación contra la nueva condena y argumentaron que los vuelos de drones fueron una respuesta legítima al envío de miles de globos con basura por parte del gobierno norcoreano hacia territorio surcoreano durante 2024. Asimismo, sostuvieron que una sentencia condenatoria podría afectar los intereses de seguridad nacional del país.
La investigación fue encabezada por el fiscal especial Cho Eun-suk, quien acusó al exmandatario de intentar generar una situación bélica en la península coreana mientras avanzaba en un proyecto autoritario para desplazar a sus adversarios políticos y concentrar el poder.
Yoon declaró la ley marcial la noche del 3 de diciembre de 2024 mediante un mensaje televisado en el que acusó a legisladores de oposición de actuar contra el Estado y simpatizar con Corea del Norte. Sin embargo, la medida permaneció vigente apenas seis horas, luego de que legisladores lograran ingresar a la Asamblea Nacional pese al despliegue de soldados y policías y votaran para revocarla.
Tras esos acontecimientos, el entonces presidente fue suspendido de sus funciones, sometido a juicio político y finalmente destituido por el Tribunal Constitucional. Posteriormente fue arrestado en julio de 2025 y enfrenta diversos procesos penales que continúan en curso.