El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue sentenciado en primera instancia a seis años y nueve meses de prisión por su responsabilidad en el caso denominado “Triple A”, relacionado con la presunta distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Álvarez, uno de los principales opositores del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, permanece encarcelado en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena. El funcionario ya había recibido una condena de tres años de prisión por no portar el grillete electrónico que le había sido impuesto como medida cautelar dentro del mismo proceso.

La Fiscalía sostuvo que las pruebas presentadas durante el juicio acreditaron la responsabilidad penal del alcalde como autor directo del delito. El Tribunal también impuso la misma pena a Raúl Z., Juan A., Edgar F. y Edgar C., quienes fueron declarados responsables en calidad de autores directos.

Además, Lady C., Jessenia V., Carolina T. y José C. fueron encontrados culpables como cómplices y recibieron una condena de dos años y dos meses de prisión.

El proceso también alcanzó a varias empresas. El Tribunal declaró culpables a Copedesa, Corpalubri, Ternape, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi por comercialización ilegal de hidrocarburos y ordenó su clausura y disolución.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel), que detectó posibles irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles.

De acuerdo con la Fiscalía, existían diferencias importantes entre el volumen de combustible despachado y el que era facturado por distintas estaciones de servicio y empresas comercializadoras. Estas operaciones habrían ocasionado un perjuicio millonario al Estado ecuatoriano.

La investigación calcula el daño económico en 61 millones 502 mil 658.39 dólares, correspondiente a 22 millones 777 mil 191.80 galones de diésel y gasolina.

Los informes periciales utilizados durante el proceso también señalaron que la capacidad de almacenamiento de algunas estaciones de servicio no coincidía con el volumen de combustible adquirido a las empresas involucradas.

La sentencia corresponde a la primera instancia, por lo que el proceso judicial todavía puede continuar mediante los recursos contemplados por la legislación ecuatoriana.