El general retirado Mario Montoya Uribe y otros ocho militares fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Los imputados están acusados de realizar más de 130 ejecuciones extrajudiciales y reportarlas como “bajas en combate” entre 2002 y 2003 en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, que se sitúa en la cordillera de los Andes y se extiende hacia el mar Caribe.

Los crímenes atribuidos a los militares están incluidos en el expediente “Macrocaso 03”, que investiga atropellos cometidos por las fuerzas armadas, como homicidios y desapariciones forzadas realizadas durante el gobierno de Álvaro Uribe, un caso que también es conocido como “falsos positivos”.

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De los 130 casos documentados, 11 víctimas eran niños, cuatro niñas, cinco mujeres y tres personas con discapacidad, además, de 81 crímenes que confesaron los acusados, 33 víctimas fueron desaparecidas forzadamente y enterradas como personas no identificadas.

El fenómeno criminal fue cometido aún cuando los jefes militares tenían la obligación de garantizar la vida de las personas y proteger a la población civil.

Antioquia concentra el mayor número de “falsos positivos” registrados en el “Macrocaso 03”; de las seis mil 402 víctimas identificadas entre 2002 y 2008, mil 613 fueron asesinadas y desaparecidas en ese departamento, 25.19 % del total.