La Segunda Sala Unitaria en Materia Penal de la Región Morelia confirmó la condena de 50 años de prisión contra Diego Urik “N”, responsable del feminicidio de Jessica González Villaseñor, ocurrido en septiembre de 2020. La resolución fue emitida este martes 27 de enero, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo federal, y mantiene íntegramente la pena dictada en primera instancia.
De acuerdo con la determinación judicial, la sentencia comenzará a contarse a partir del 30 de septiembre de 2020, fecha en la que el sentenciado fue detenido. Además de la pena privativa de la libertad, el fallo contempla la suspensión de sus derechos políticos y la obligación de reparar el daño a los familiares de la víctima.
El tribunal estableció que Urik deberá pagar una indemnización de un millón 246 mil 986 pesos con 40 centavos por concepto de gastos funerarios y otros daños materiales, así como cubrir la reparación del daño moral, cuyo monto será fijado durante la etapa de ejecución de la sentencia.
Un caso que marcó a Michoacán
Jessica González Villaseñor, maestra de 21 años, fue reportada como desaparecida el 21 de septiembre de 2020, luego de salir de su domicilio en la capital michoacana y no regresar. Su desaparición generó una amplia movilización social y una fuerte exigencia de justicia por parte de colectivos, familiares y ciudadanos.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán apuntaron desde las primeras diligencias a Diego Urik Mañón Melgoza, entonces pareja sentimental de la joven, como principal sospechoso. Cuatro días después, el 25 de septiembre, el cuerpo de Jessica fue localizado en una zona boscosa, con evidentes signos de violencia.
Los dictámenes periciales confirmaron que la joven fue víctima de feminicidio agravado, al acreditarse múltiples golpes y actos de violencia física previos a su muerte, elementos que resultaron determinantes para la calificación del delito.
Detención y proceso judicial
Diego Urik fue detenido el 30 de septiembre de 2020 durante un operativo realizado en un hotel del estado de Jalisco, donde se mantenía oculto tras huir de Michoacán. Desde entonces permaneció bajo prisión preventiva, mientras se desarrollaba el proceso penal.
El juicio se extendió por casi tres años y estuvo marcado por múltiples audiencias y la presentación de más de un centenar de pruebas por parte de la Fiscalía, que logró sostener la acusación hasta obtener una sentencia condenatoria que ahora ha sido ratificada.
La confirmación del fallo representa un cierre judicial para uno de los casos de feminicidio más emblemáticos en la entidad y reafirma la exigencia social de justicia frente a la violencia contra las mujeres.