Más de un centenar de congresistas demócratas de Estados Unidos pidieron una investigación independiente sobre el tiroteo en el que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hirió a un migrante venezolano durante un operativo en Austin.

Los legisladores también solicitaron que Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, permanezca en Estados Unidos mientras se esclarecen los hechos y pueda recibir atención médica y continuar con los recursos legales relacionados con su situación migratoria.

Garcés fue herido de bala el domingo durante una intervención de agentes de ICE mientras realizaba una entrega para la plataforma DoorDash. El migrante recibió un disparo en la espalda y la bala permanecía alojada en su cuerpo, de acuerdo con declaraciones de él mismo y de su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch.

Después de ser trasladado a un hospital de Austin, fue dado de alta aproximadamente cuatro horas después y llevado a un centro de detención migratoria en Pearsall, a unos 135 kilómetros de distancia. Posteriormente, fue trasladado nuevamente a un hospital luego de reportar dolor y pérdida de movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo.

El congresista demócrata Greg Casar, representante de Austin, encabezó los llamados para que ICE no deporte al venezolano mientras permanece abierta la investigación. En una carta respaldada por más de 100 legisladores, pidió que Garcés pueda recibir atención médica y que tanto él como el agente involucrado permanezcan en Texas mientras se realiza una investigación independiente.

El caso también ha generado cuestionamientos sobre la atención médica que recibió el migrante mientras permanecía bajo custodia de ICE. Su defensa sostiene que fue trasladado al centro de detención pese a que la bala continuaba alojada en su espalda y que posteriormente presentó dificultades para mover parte de su cuerpo.

Por su parte, ICE informó que la investigación del tiroteo está a cargo de la división de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional y del FBI. La agencia sostiene que Garcés tenía una orden final de deportación. Su defensa afirma que había ingresado legalmente a Estados Unidos en 2024 mediante el programa CBP One y que había solicitado asilo, pero que una notificación de una audiencia migratoria fue enviada a una dirección anterior.

El incidente ha provocado además llamados de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes para establecer mecanismos independientes de supervisión sobre el uso de la fuerza por parte de agentes migratorios. Mientras continúa la investigación, congresistas y abogados han solicitado que se esclarezcan las circunstancias que llevaron al disparo y el manejo posterior del migrante.