El Congreso del Estado de Michoacán aprobó por mayoría una reforma al Código Electoral estatal para eliminar la obligación de presentar carta de antecedentes penales como requisito para registrarse como candidato en elecciones locales.

La modificación consiste en derogar la disposición contenida en el artículo 189 del Código Electoral, que exigía dicho documento para aspirar a cargos como la gubernatura, diputaciones locales o ayuntamientos en Michoacán.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Diana Espinoza Mercado, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, señaló que la eliminación de este requisito busca corregir lo que calificó como una “simulación normativa”.

Según explicó, retirar la carta de antecedentes penales no implica relajar los controles sobre las candidaturas, sino retirar una exigencia que ya fue considerada inconstitucional por los tribunales del país.

La legisladora hizo referencia a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver la acción de inconstitucionalidad 133/2022 determinó que exigir cartas de antecedentes penales para competir por cargos públicos contraviene la Constitución, al afectar el derecho político-electoral de la ciudadanía a ser votada.

“Derogar la carta de antecedentes penales no abre la puerta a la delincuencia; elimina un requisito que los máximos tribunales ya consideraron inconstitucional e ineficaz para acreditar la elegibilidad”, sostuvo Espinoza Mercado.

En el mismo sentido, el diputado Antonio Carreño Sosa, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la medida tampoco pretende permitir la participación de personas no elegibles en los procesos electorales.

El legislador argumentó que la carta de no antecedentes penales no necesariamente determina la culpabilidad de una persona, ya que alguien puede tener registros o investigaciones sin haber sido sentenciado por un delito.

“Una persona puede tener antecedentes sin ser culpable y, por tanto, seguir siendo inocente. En consecuencia, no se le puede limitar su derecho a votar y ser votado”, expresó.

Con esta reforma, el Congreso local busca reforzar el principio de presunción de inocencia y garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el estado.