El Congreso de Michoacán perfila mantener para 2027 un presupuesto similar al actual, con un incremento aproximado de 4 por ciento correspondiente a la inflación, pese a las disposiciones del llamado Plan B.

El diputado Baltazar Gaona García explicó que la Secretaría de Presupuesto del Gobierno estatal planteó al Legislativo comenzar con la aplicación de las medidas de reducción a partir de enero de 2027. Sin embargo, señaló que la Junta de Coordinación Política acordó que cualquier ajuste deberá ser responsabilidad de la próxima Legislatura.

Actualmente, el presupuesto del Congreso ronda los mil 200 millones de pesos. Con el aumento inflacionario estimado, se sumarían alrededor de 48 millones de pesos.

A este monto podría agregarse una partida para atender los cerca de 120 laudos laborales pendientes en el Poder Legislativo. Gaona García indicó que existe la intención de resolverlos antes de que concluya la actual Legislatura para evitar que esas obligaciones sean heredadas a sus sucesores.

El legislador sostuvo que por ahora no existe consenso para reducir el presupuesto durante 2027. En caso de que la siguiente Legislatura decida aplicar el Plan B, tendría que analizar rubros como el gasto de los diputados, actividades no esenciales, condecoraciones, sesiones fuera del recinto y la plantilla laboral.

Sobre este último punto, señaló que el Congreso cuenta actualmente con entre 400 y 500 trabajadores y destina alrededor de 600 millones de pesos al Capítulo 1000, correspondiente a servicios personales. Ante una eventual reducción, consideró necesario revisar la plantilla e identificar puestos que no sean indispensables o casos de personas que no desempeñen funciones dentro del Legislativo.

Respecto a las 40 plazas cuya distribución había sido planteada anteriormente, Gaona García afirmó que el procedimiento permanece detenido y que ninguna ha sido aprobada, debido al escenario presupuestal generado por el Plan B.

El diputado también descartó que exista previsto un bono de fin de Legislatura y afirmó que la prioridad es concluir el periodo con finanzas sanas y cuentas claras.

De esta manera, la actual Legislatura prevé mantener el incremento presupuestal por inflación y dejar en manos del próximo Congreso la decisión sobre cuándo y cómo aplicar las reducciones contempladas en el Plan B.